La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) autorizó los cambios societarios de Casino de Juegos del Pacífico S.A. y de Casino Gran Los Ángeles S.A. -del grupo Latin Gaming-, los que se materializarán a través de la venta de ambas sociedades a Enjoy Gestión Limitada y Enjoy S.A., las que quedarán con una participación de un 99% y un 1%, respectivamente.

La operación de compra-venta de los casinos de juego implica un monto total de UF 159.455, de los cuales UF 59.333, corresponden a Casino de Juegos del Pacífico S.A. y UF 100.122 a Casino Gran Los Ángeles S.A.

De los antecedentes tenidos en cuenta para esta operación, la SCJ concluyó que no hay observaciones respecto del origen, ruta, destino y suficiencia de los fondos con que se financiarán las operaciones antes descritas.

La divulgación de un preinforme de la Contraloría ha puesto, nuevamente, las miradas sobre algunos representantes del Consejo Regional (Core) de Valparaíso.

Según publicó El Mercurio de Valparaíso, en un documento de 46 páginas, el ente contralor informó -preliminarmente- de una serie de irregularidades cometidas entre enero de 2017 y junio de 2018 por distintos consejeros, entre ellos el actual presidente de la instancia, Percy Marín (RN), y el ex core Carlos Briceño (UDI), hoy en día asesor del intendente de Valparaíso, Jorge Martínez.

Otro de los consejeros mencionados en el preinforme fue Mauricio Araneda (UDI). En una primera parte, la Contraloría hizo referencia a los cuestionados viajes que el core realizó a Iquique y La Serena y que derivó en que el intendente Martínez remitiera los antecedentes al Ministerio Público, que luego provocaron la presentación de una querella del Consejo de Defensa del Estado.

Pero, además, el organismo detectó que en dos viajes a las regiones del Biobío y Antofagasta el consejero solo presentó el itinerario de los vuelos y el estado de cuenta de una tarjeta para solicitar los reembolsos, pero no "los documentos tributarios que acrediten dichos gastos", incumpliendo con la actual normativa. Consultado al respecto, Araneda precisó que "se ha realizado una observación al respaldo tributario y no a los viáticos ni el viaje, por lo que el Gore es el que debe aclarar el problema administrativo".

Raúl Abarca Pailamilla

Bastante preocupación existe entre los vecinos de los nuevos departamentos Mirador El Faro, en el cerro Alegre, debido a una jauría de perros que merodea el sector.

Ayer, por ejemplo, cuando personal de Diario El Líder llegó al lugar, una mujer que paseaba a su mascota fue atacada por estos canes.

"Como mi perro no puede hacer sus necesidades en la casa, tengo que sacarlo a caminar. El problema son estos perros callejeros. Yo soy animalista y muy preocupada por mi perro. Se nota que estos son callejeros y han estado acá mucho tiempo", explicó Gloria Núñez.

Esta mujer agregó que "la culpa no es de los perros, sino de los irresponsables que no se hacen cargo de ellos. Esto es preocupante porque además de bravos pueden tener infecciones".

Alexis Cifuentes, otro vecino de la comunidad Mirador El Faro, fue víctima de un violento ataque por parte de estos animales.

"Hace tres semana venía caminando para los edificios y como siete perros se me tiraron. Menos mal que andaba con algo para comer. Se los tuve que tirar para que me dejaran tranquilo. Igual es peligroso porque son hartos y acá viven muchos niños", afirmó el hombre.

Nancy Carreño llegó hace un poco más de un mes a estos nuevos edificios. "Falta arreglar algunos detalles en los departamentos, pero están muy buenos. Hoy la preocupación son estos perros", denunció.

Carreño detalló que "hay muchos perros que se juntan donde uno toma locomoción. A uno le da miedo porque son muy grandes y bravos. No sabemos de dónde son, pero son muchos, como diez".

Estudio

Hace pocos días el Ministerio de la Vivienda dio a conocer los resultados de la cuarta Encuesta de Percepción de Calidad de Vida.

El estudio arrojó que el 59% de los encuestados consideraba que los canes en la calle son un problema grave o muy grave, seguido por las veredas en mal estado y luego por los robos en las viviendas o en la vía pública.

Diario El Líder intentó ayer recoger una versión del municipio sobre este tema, pero no fue posible contactar a la encargada del área.

$48 mil pesos hasta $1.450.000 arriesga una persona que no tiene inscrita a su mascota.