Crónica
Ayer la Fiscalía Nacional informó que Jorge Abbott citó a un Consejo Extraordinario de fiscales para el próximo martes 23 de abril.
En dicho encuentro se analizarán las graves denunciadas realizadas por el fiscal adjunto de la Región de O'Higgins, Sergio Moya, en contra del fiscal regional de esa misma zona, Emiliano Arias.
A través de comunicado, la Fiscalía declaró que esta reunión tiene como "el propósito de designar a un fiscal regional que investigue las denuncias presentada contra el fiscal regional de O'Higgins".
El documento agrega que "de acuerdo al artículo 46, letra b de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, cuando se presenta una denuncia contra un fiscal regional por su presunta responsabilidad en un hecho punible, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a perseguir la responsabilidad penal a otro fiscal regional que designe el fiscal nacional, oyendo previamente al Consejo General de Fiscales".
Las acusaciones
De acuerdo a lo que informó a Radio Bío Bio, la primera causa es obstrucción en el caso de los jueces de Rancagua. Moya se refiere a la demora -por parte de Arias- en pedir la formalización del ministro del tribunal de alzada de la Sexta Región, Emilio Elgueta.
Según el persecutor, "yo solicité en varias ocasiones, el pronunciamiento de mi superior jerárquico Emiliano Arias para pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas. No se me decía que sí ni que no.Yo tomé la decisión de pedir la formalización sin esperar el consentimiento de mi superior jerárquico (…) Fue una lentitud (…) ante lo cual preferí obrar y con el riesgo evidente de una sanción administrativa (…)".
También hay una denuncia por tráfico de influencias en el Caso Caval. Moya explica que su tramitación "fue sumamente compleja... Hay un evento que es público y que también debe ser analizado a la luz del tiempo que ha pasado, y que dice relación con la única intervención que ha hecho el Fiscal Arias en la causa Caval, que fue el intento de realizarle un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín".
Se suma la denuncia por ocultamiento de información en la investigación contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de $3500 millones en el Teatro Regional de Rancagua.
Y finalmente, violación de secreto por sustracción de información desde la Fiscalía. Esto, tras "una denuncia que llegó de Puerto Montt donde Carabineros del OS7 de esa ciudad, pesquisó que desde esta Fiscalía Regional se extrajeron documentos, información de nuestra base de datos que llegaron a parar a manos de un particular. Ese particular se la entregó a Carabineros, y a ellos les llamó la atención que él tuviera esa información".
