Rodrigo Ogalde Cofré

"La instrucción clara y precisa del Ministerio de Salud es que se desmantele la Unidad de Puesta en Marcha (UPM) del nuevo hospital Claudio Vicuña. Eso implica, aparte de sacar a los trabajadores de la forma en que lo han hecho con esta falta de respeto y rigurosidad a los procesos laborales que ejecutaron, eliminar el departamento que está en el edificio Doctor Flanagan y todos sus bienes inmuebles". Con estas palabras, el dirigente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedepruss), Sergio Castro, opinó sobre lo que está ocurriendo en dicha organización.

Francisco Álvarez, otro de los timoneles de Fedepruss, dijo que en mayo pasado el Minsal ya había advertido que haría "el cierre de la UPM". Agregó que aquella vez, tras una serie de "tiras y afloja" entre el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (Ssvsa) y el ministerio, el servicio se comprometió a financiar por tres meses el funcionamiento de dicha unidad, lo que debía ocurrir en agosto. "Sin embargo, el jueves de la semana pasada (27 de junio), les dijeron a los funcionarios que se cierra la UPM".

Según Álvarez, 12 personas serán desvinculadas en la UPM, que tendría una dotación de 26 profesionales. Para pagar los sueldos a los que queden, de acuerdo a lo señalado por él, la actual administración del hospital Claudio Vicuña deberá financiar los 40 millones de pesos que se requerirían hasta fines del presente año.

"Queremos que se privilegie la permanencia de profesionales que estén ligados técnicamente al proceso de puesta en marcha", resaltó Francisco Álvarez al referirse a la necesidad de que el criterio que se use para definir estos ajustes no sea otro que el técnico.

En esa línea, ambos dirigentes señalaron que cargos como el de gestor institucional del proyecto, que ocupa el core Mauricio Araneda, son "más como un relacionador público, que es un poco lo que tenía Manuel Meza (excoordinador del proyecto) en el periodo anterior", apuntó Álvarez.

Sobre los cambios en la UPM, Araneda dijo ayer que "solo sé que se están haciendo algunos ajustes según indicaciones del nivel central. Yo seguiré trabajando para que tengamos un hospital como los sanantoninos nos merecemos desde el lugar donde el director del servicio estime conveniente".

Araneda añadió que "por el momento yo tengo contrato. Obviamente se harán los ajustes que el ministerio indique y la unidad que yo estoy debe readecuarse. Por ahora yo he sido informado de que se vienen ajustes".

Ssvsa

Respecto a este tema, el Ssvsa declaró que "las funciones de puesta en marcha continuarán siendo cubiertas por profesionales distribuidos en la Inspección Técnica de Obras (ITO), hospital Claudio Vicuña y Dirección del Servicio de Salud".

La entidad enfatizó que "lo anterior no altera el objetivo final de preparar al personal que se desempeña actualmente en el hospital Claudio Vicuña para sus futuras funciones en el nuevo centro asistencial, las que incluyen: conocimiento de los nuevos equipos y del equipamiento ; capacitaciones de diversa índole; adecuaciones del modelo de gestión, e incluso conocimiento del espacio físico que ocuparán en dicho recinto".

26 profesionales serían parte de la Unidad de Puesta en Marcha del nuevo hospital.

El gerente general de Puerto Central (PCE), Rodrigo Olea, asistió ayer al congreso de la Unión Portuaria de Chile (Upch), que se efectúa en San Antonio.

Sobre los planteamientos de la Upch (ver página 4), el ejecutivo afirmó que "es muy positivo que se produzcan estos congresos donde se pongan los temas sobre la mesa y se discutan. Lo que se ha presentado tiene que ver con cambios en la regulación que están fuera de la posibilidad de la empresa de intervenir. Sin embargo, creemos que algunas de las conclusiones que nos han mostrado es posible internamente trabajar en ellas".

Consultado por la negociación colectiva que lleva a cabo PCE con tres sindicatos de Muellaje Central, la empresa que administra al personal que trabaja en el muelle, Olea sostuvo que "estamos con el mejor ánimo y cumpliendo los procesos tal como lo establece la ley. Esta es una negociación colectiva reglada en donde la compañía ha hecho todos los esfuerzos de diálogo y por acercarse a las expectativas que hay; aún nos quedan días para seguir conversando con los trabajadores y espero llegar a buen término".

El ejecutivo no quiso ahondar en la oferta que ha hecho la empresa, la que los trabajadores consideran exigua, pero insistió en que el traslado de algunas recaladas de buques desde PCE a Valparaíso ante el posible inicio de la huelga legal en este terminal "son medidas que toman las navieras para mantener sus itinerarios y cumplir con sus obligaciones comerciales con los exportadores e importadores, y ante eso nosotros tenemos poca capacidad de maniobrar".

"Espero que los trabajadores entiendan la posición de la empresa y que continúe la voluntad de diálogo, que cuidemos lo que tenemos y que nos ha costado mucho lograr, que cuidemos en general a San Antonio y el empleo de todos nosotros", agregó.

Mañana, en la sede de Jubilados Portuarios Victorino Tobar, ubicada en calle Pudeto 1937, en Barrancas, se llevará a cabo el tercer encuentro entre representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) y la Corporación de Ex presos Políticos de Tejas Verdes y Cárcel de San Antonio.

La cita comenzará a las 10.30 horas y en ella se abordarán diversas temáticas relativas a la situación actual que viven estas personas.

"Nos interesa que venga el Indh para plantearle nuestros problemas", dijo Donato Cisternas, presidente de la Corporación de Ex Presos Políticos de Tejas Verdes y Cárcel de San Antonio.