El complejo escenario que enfrenta la Municipalidad de Santo Domingo
La entidad investiga el mal uso de tarjetas de combustible por funcionarios. Además, fue demandada por $8.500 millones por la empresa que construía el edificio consistorial y Contraloría detectó irregularidades tras auditoría.
Un complejo escenario interno vive la Municipalidad de Santo Domingo debido a tres casos relacionados con el funcionamiento de la administración al mando del alcalde Fernando Rodríguez Larraín. La entidad enfrenta una demanda civil interpuesta por la empresa que estaba cargo de las obras del edificio consistorial; inició un sumario administrativo por el supuesto mal uso de las tarjetas de combustibles de los vehículos municipales y además, la Contraloría detectó supuestas irregularidades en una auditoría.
Caso 1: el edificio
La empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal, que ejecutaba los trabajos de construcción del edificio consistorial presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la municipalidad.
La acción judicial, a la que tuvo acceso Diario El Líder, se hizo efectiva luego que el municipio admitiera que había un atraso en el desarrollo de las faenas e inició un proceso destinado a terminar, anticipadamente, con el contrato con la constructora, cuyos representantes reclaman por una presunta retención de pagos, inconsistencias entre el proyecto de arquitectura y el proyecto de ingeniería, el no respeto de las bases de la licitación, falta de servicio e incumplimientos por parte del ente municipal.
"Nuestra imagen se encuentra absolutamente deteriorada y desprestigiada, complicando la continuidad y viabilidad de nuestro negocio", señala el líbelo que solicita a los tribunales que "se acoja la consecuente demanda de perjuicios y se condene a la Municipalidad de Santo Domingo al pago de $1.380.814.219 por daño emergente, $ 3.519.425.164, por lucro cesante, y $3.514.889.800 por daño moral".
Sobre este tema, el administrador municipal y alcalde subrogante, Ignacio Ascuí, dijo a Diario El Líder que "esto nos sorprendió porque todos los alegatos que ellos exponen en la demanda son cosas que ya veníamos conversando y además que quedaron estipuladas en el mismo contrato. Así que, desde ese punto de vista, nosotros estamos súper tranquilos en que todos sus alegatos y las inconsistencias que ellos reclaman, finalmente las tenemos muy bien respaldadas".
Ascuí añadió que las argumentaciones de la empresa Puerto Principal "no son contundentes" y que la demanda es por casi los mismos $8.500 millones que implicó la inversión del nuevo edificio consistorial, cuyas obras están paralizadas a la espera de que se efectúe una nueva licitación. "Tenemos la plena confianza de que el tribunal va a considerar inadmisible esta demanda, que no tiene ninguna validez, desde nuestro punto de vista", insistió.
Caso 2: el combustible
Ignacio Ascuí también se refirió al sumario administrativo que se inició en el municipio por el supuesto mal uso que funcionarios habrían hecho de las tarjetas de combustible de algunos vehículos municipales.
Explicó que las diligencias comenzaron el 28 de junio pasado, ya que "en base a nuestro control interno, logramos detectar que había inconsistencias de información entre los datos que nos entregaba la empresa que nos provee el combustible y los datos que nosotros tenemos con los registros de GPS (de los vehículos). Estamos haciendo una investigación íntegra".
Trascendió que inicialmente serían dos funcionarios los implicados en este tema, aunque Ascuí aclaró que "no los estamos investigando directamente a ellos, sino que estamos investigando todo el proceso; ellos renunciaron, pero no les aceptamos la renuncia. Estamos investigando el uso indebido de las tarjetas y las cargas de combustibles al interior del municipio".
El alcalde (s) no quiso confirmar si se trata de trabajadores del Departamento de Seguridad Ciudadana, tal como informaron fuentes de Diario El Líder, pero sostuvo que tras recibir la notificación del sumario, estos fueron suspendidos de sus funciones. Se pesquisa la posibilidad de que hayan usado las tarjetas de combustible para cargar los estanques de automóviles ajenos al municipio.
Ignacio Ascuí no descartó que hayan más personas implicadas en este asunto y enfatizó que se actuará con el máximo rigor para aclarar dichos actos irregulares. Así también se analiza la opción de denunciar los hechos ante el Ministerio Público.
Caso 3: la contraloría
El informe final N° 305 de 2019 de la Contraloría, divulgado ayer por el sitio Puranoticia.cl, se relaciona con los resultados de una auditoría realizada entre julio de 2017 y junio de 2018 y que detectó que 168 patentes de sociedades de inversión registraron el mismo domicilio, que corresponde a la residencia del abogado de la Municipalidad de Santo Domingo, Alan Calvert, lo que podría vulnerar el principio de probidad administrativa.
El ente contralor advirtió diferencias en las cuentas bancarias del municipio, por lo que se le pide que documente un total de $879.964.478. Además, la municipalidad habría renovado patentes a contribuyentes ya fallecidos y existirían deudas al municipio por un monto de $563.242.880 por concepto de patentes municipales, de las cuales $286.253.108 podrían prescribir ya que datan de hace más de seis años.
Al respecto, el core Mauricio Araneda (UDI), dijo que "creo que es importante indicar que no se ha perdido ni un solo peso en la administración de Fernando Rodríguez, el informe revela que hay que optimizar procesos administrativos que permitirán recaudar más recursos para la comuna, lo cual, sin lugar a dudas, es una gran oportunidad para seguir perfeccionando el trabajo al interior del municipio".
El alcalde Fernando Rodríguez está de vacaciones por eso no pudo ser ubicado por Diario El Líder.
"Estamos tratando de hacer este proceso lo más corto posible para definir la responsabilidad que le cabría a cada uno de los funcionarios".
Ignacio Ascuí, sobre sumario a dos funcionarios municipales.
Medidas
Respecto al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Santo Domingo declaró que "con fecha 15 de julio de 2019 ingresó a nuestra Oficina de Partes el informe final de dicha auditoría, fecha desde la cual el municipio ha trabajado en evaluar los alcances del mismo. Con fecha 17 de julio de 2019 el Honorable Concejo Municipal de Santo Domingo tomó conocimiento del contenido del informe final referido. La Municipalidad de Santo Domingo dispone de 60 días desde la recepción de este informe para levantar las observaciones y respuestas correspondientes. En este momento se prepara la respuesta correspondiente".