Concejales de Santo Domingo rechazan dictamen de Contraloría
Germán Mayo y Pilar Olivares, además de la exedil Romy Farías, se oponen a orden de reintegrar los recursos municipales que se usaron en pasantías efectuadas en el extranjero.
En un informe emanado en julio pasado, la Contraloría de la República estableció que los concejales de Santo Domingo, Germán Mayo (UDI) y Pilar Olivares (PR), además de la exedil Romy Farías (DC), deberán reintegrar los fondos que el municipio invirtió para que ellos asistieran a jornadas de capacitación en Costa Rica y Perú.
El viaje a Costa Rica lo efectuaron en 2017 Mayo, Farías y Olivares, mientras que a Perú asistió solo la edil Olivares en 2018.
Este caso se inició a raíz de una denuncia ciudadana y pese a que las autoridades de la Municipalidad de Santo Domingo intentaron revertir las conclusiones del ente contralor, este mantuvo sus observaciones.
Así, en las conclusiones del informe final, la Contraloría señaló que "el municipio no acreditó que la participación de los concejales Pilar Olivares y Romy Farías y Germán Mayo, en las pasantías "Turismo sostenible, instrumento para reducir la pobreza y proteger el ambiente" y "Desarrollo Sostenible en Planes Municipales de Medio Ambiente y Reciclaje", realizadas en Costa Rica y Perú, respectivamente, se encuentra directamente relacionada con el quehacer municipal, así como tampoco pudo comprobar que las mismas hayan contribuido a actualizar y mejorar sus conocimientos y destrezas para el eficiente desempeño de sus labores".
Por esta razón, se ordena que la Municipalidad de Santo Domingo adopte "las medidas que resulten necesarias para obtener el reintegro de los fondos involucrados, por la suma total de $17.874.388".
Descargos
Respecto a este tema, Germán Mayo, Romy Farías y Pilar Olivares afirmaron que el municipio no les informó desde el principio de la apertura de la investigación.
"Nosotros dimos cumplimiento en todos los aspectos legales a nuestro viaje; no firmamos contratos ni pagamos nada, todo lo pagó el municipio. Además, cumplimos con el reglamento del Concejo Municipal en que se nos autoriza a los concejales a viajar una vez al extranjero previo acuerdo del Concejo, con aprobación del alcalde y con intereses del municipio en esas pasantías", detalló Mayo.
Los tres señalaron que es el municipio el responsable de los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría a estos viajes de capacitación.
Según Mayo, la municipalidad solo les notificó que debían hacer el reintegro de los dineros y con ello, de acuerdo a Romy Farías "se libran ellos de responsabilidad y nos endosan toda la responsabilidad a nosotros".
Ante eso, Mayo recuerda que "le dijimos al alcalde (Fernando Rodríguez) que no estamos dispuestos a pagar porque no hemos cometido ningún delito, no ha sido responsabilidad nuestra porque cumplimos con la ley".
De igual manera, Germán Mayo, Romy Farías y Pilar Olivares insistieron en que lo que aprendieron en dichas pasantías permitió generar varias acciones por parte del municipio en áreas como el desarrollo turístico, protección medioambiental y la confección del Pladeco.
"La retribución que hicimos como concejales después de estas capacitaciones está reflejada en un informe que entregamos a la Contraloría, pero esta entidad desestimó todo porque ellos dicen que esto no es del ámbito municipal", sostuvo la exedil Farías, quien añadió que la Contraloría ordenó abrir un sumario en el municipio para aclarar lo relacionado con ambos viajes, pero este, según ella, no se realizó.
Pilar Olivares, quien acusa a la Contraloría de actuar "con excesivo celo" e ir más allá de sus atribuciones, ratificó los dichos de Romy Farías y Germán Mayo y apoyó la idea de negarse a pagar esos recursos, por lo que todos iniciaron un juicio de cuentas.
Municipio
Ignacio Ascuí, administrador municipal de Santo Domingo, dijo que "como municipio intentamos revertir la situación, pero no fue posible debido al criterio irrevocable de la Contraloría. Realizamos todas las gestiones necesarias y requeridas por el órgano fiscalizador para justificar su asistencia a las pasantías. Sin embargo, como servidores públicos, estamos obligados, nos guste o no, a acatar las decisiones de la Contraloría".
17 millones 874 mil 388 pesos es el monto que deberá ser reintegrado al municipio.