A raíz de las represalias sufridas por dos dirigentes vecinales del Cerro Polanco, que fueron baleados por un grupo de narcotraficantes en Valparaíso, los diputados Víctor Torres (DC), Diego Ibáñez (CS) y Boris Barrera (PC), junto al presidente de la junta de vecinos del Cerro Polanco, Sebastián Gómez, y su pareja Estivalia López -agredidos el pasado 12 de agosto- ingresaron un proyecto de ley que busca proteger a los dirigentes sociales de agresiones o represalias motivadas en su calidad de representante de una comunidad, su ideología u opinión política.

Torres explicó que "el proyecto modifica el Código Penal, aumentando en un grado las penas para quienes, por motivaciones ideológicas, políticas o por la calidad de dirigente social de una persona, incurran en delitos de amenazas, homicidio calificado, homicidio simple y lesiones corporales.

El objetivo central del proyecto, según argumentó el parlamentario, "es avanzar hacia la protección integral de los dirigentes sociales", entendiéndose como dirigente social, "todas aquellas personas que ocupan un cargo directivo o de administración en alguna organización comunitaria funcional o territorial, desempeñando una labor política y social fundamental para el desarrollo democrático de las comunidades".

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se refirió a la paralización de las obras del nuevo edificio del Servicio Médico Legal de San Antonio, el que tenía plazo de entrega para el primer trimestre del 2018.

Larraín informó, tras una reunión con la diputada María José Hoffmann y la gobernadora Gabriela Alcalde, que "lamentablemente, no están disponibles todos los recursos que faltan para poder concluir. Pero vamos hacer un esfuerzo una vez que tengamos los antecedentes que se están buscando en el Ministerio de Desarrollo Social para luego proceder con Hacienda y así ver si podemos avanzar y concluir" estas obras.

Raúl Abarca Pailamilla

Para la jornada de hoy está programada una protesta en las afueras de la Gobernación Provincial de San Antonio debido al descontento social que existe en varias agrupaciones de la zona. La actividad coincidirá con el simulacro regional de terremoto y tsunami.

La manifestación, convocada por el movimiento Unidad Social, que agrupa a sindicatos, partidos políticos y diferentes organizaciones sociales, se desarrollará tras este ejercicio preventivo que se llevará a cabo durante la mañana en todo la provincia de San Antonio.

José Rojas, de la Coordinadora No Más AFP y dirigente sindical del Tottus, mencionó que "buscamos la recuperación de ciertos derechos y también la protección del medio ambiente".

"Más que un malestar con el Gobierno lo que hay es un malestar con las políticas públicas que se vienen desarrollando posterior a la dictadura militar. Venimos peleando cada uno de forma separada por los intereses que a uno le preocupan, hoy nos juntamos todos en este nuevo movimiento", añadió.

Dentro de las solicitudes que exigen las entidades participantes, está la recuperación del agua, una mejor salud, educación estatal de calidad, viviendas dignas, reajustes real a los pensionados, igualdad y justicia, como también resguardar los derechos de niños y ancianos.

Otra de las organizaciones que dirá presente en esta manifestación es la Multigremial del hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Su presidente, Patricio Velásquez, comentó que "hoy en día tenemos bajos presupuestos y eso se ve reflejado en la falta de insumos para los pacientes, como alimentación, jeringas, alcohol, entre otros".

Los dirigentes anunciaron que entregarán el petitorio en la Gobernación.

Esta actividad también se replicará hoy en la plaza de Llolleo, a las 18 horas, y luego, 120 minutos más tarde, se llevará a cabo un cacerolazo en la comuna de San Antonio.