Sancionan a la "Jueza de Hierro" por acoso laboral a funcionarios
La Corte de Apelaciones de Valparaíso impuso la medida disciplinaria de censura por escrito en contra de Katia Abarca Vera, jueza titular del Segundo Juzgado de Policía Local de San Antonio.
AKatia Abarca Vera se le conoce como "La Jueza de Hierro". Ella es la titular del Segundo Juzgado de Policía Local de San Antonio. Algunos de los que han osado, alguna vez, ir a reclamar ante ella por un parte en dicho tribunal, saben que es muy estricta en sus dictámenes. Pocas veces rebaja las multas y tiene un trato menos cordial que el que caracteriza al magistrado del Primer Juzgado de Policía Local de esta ciudad, Manuel Abarca.
Katia Abarca enfrentó, desde enero del presente año, una investigación disciplinaria en su contra tras una denuncia por acoso laboral que interpuso la funcionaria de dicho tribunal Erika Farías Farías. Este caso quedó en manos de la fiscal judicial Jacqueline Nash.
A esto se sumó un segundo proceso de la misma índole que comenzó en mayo pasado para aclarar la posible "existencia de todo hecho o conducta constitutiva de malos tratos y acoso laboral" por parte de la jueza contra otros siete trabajadores de la citada unidad y también para saber qué razones la llevaron a instalar cámaras de audio y video en cada uno de los escritorios de los funcionarios. Esta causa le fue asignada a la fiscal judicial Juana Latham.
Otras de las situaciones que debió investigarse fue la instauración, por parte de la jueza, del "sistema de palitos", que, de acuerdo a estas diligencias, "consistía en que por cada error en una resolución, el funcionario recibía como sanción uno, dos o más palitos, de acuerdo a la gravedad de la equivocación, y el empleado que completaba cinco palitos debía concurrir el día sábado a trabajar", lo que habría afectado a cinco de los funcionarios, incluso hasta enero del presente año.
También debió pesquisarse el trato que recibía una de las mujeres que trabaja en el juzgado, de iniciales E.Y.L.
Ayer, Diario El Líder accedió al resultado de ambos procesos de investigación, que concluyeron con un dictamen de los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que sancionó a Katia Abarca con una censura por escrito por cometer "acoso laboral o sicológico" contra algunos de los funcionarios.
En el informe de la fiscal Nash se señala que "durante 2018 la magistrada solicitó a los funcionarios de su tribunal que no le dirigieran la palabra a su compañera de labores, la denunciante Erika Farías Farías, con el objeto de que esta última no se distrajese en la ejecución de las labores asignadas".
De la misma manera, el documento elaborado por Nash determinó que "en 2018, en horas del mediodía, en circunstancias que la actuaria Erika Farías Farías se encontraba consumiendo un yogur en la dependencia destinada a cocina, en el Segundo Juzgado de Policía Local de San Antonio, fue increpada en duros términos por la magistrada Katia Abarca, quien le manifestó que el ruido de la cuchara con la que aquella comía se escuchaba hasta el pasillo, que la funcionaria le tenía que preguntar a ella cuándo podía comerse su yogur, o de lo contrario la iba a grabar".
A su vez, la fiscal Latham evacuó un informe donde explica que el llamado sistema de palitos "ha quedado acreditado que se empleó como una sanción y no como un incentivo, alejándose precisamente de las tendencias de administración de personal que, junto con la eficiencia, apuntan a propiciar un buen clima laboral". Añadió que con la instalación de cámaras en los escritorios "se ha incurrido en una forma de control no idónea y desproporcionada de su privacidad al tratarse de dispositivos que permitían grabar las conversaciones que éstos mantuvieran en su lugar de trabajo, limitando su comunicación y expresión".
Mientras la fiscal Jacqueline Nash propuso que se aplicara la sanción de censura por escrito contra Katia Abarca, su colega Juana Latham pidió la medida disciplinaria de suspensión de funciones por un mes.
Por todo esto, los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso establecieron que "el comportamiento de la señora jueza en el desempeño de su cargo reúne las características de un acoso laboral o sicológico, en los términos que establece el artículo 2 del Código del Trabajo, que no es admisible, pues no se condice con los criterios de prudencia, cortesía y equidad de un juez en el trato que despliega para con sus funcionarios".
Dicha resolución agrega que estas "circunstancias constituyen una falta de la magistrada a los deberes de conducta que le impone su investidura, lo que ha redundado en un trato abusivo a sus empleados, que debe ser considerado como vulneración grave a sus deberes y obligaciones".
La denunciante
Ayer Diario El Líder entrevistó a Erika Farías, la funcionaria que denunció a la jueza por acoso laboral y que hoy ya no trabaja en dicho tribunal. Contó que desde que ingresó, en 2016, comenzaron los hechos que la afectaron. Agregó que ella también sufrió los efectos del "sistema de palitos", por lo que tuvo que ir a trabajar los sábado pese a que debía regir un método de turnos para ese día.
Farías recordó los episodios que vivió en el tribunal y que la llevaron a presentar problemas sicológicos. "Ahí (en el juzgado) nunca fue bueno el trato", sostuvo al recalcar que "esto era un secreto a voces en la municipalidad y todos sabían que los del Segundo Juzgado eran los maltratados". Confirmó que por eso a Katia Abarca le llaman la "Jueza de Hierro".
La denunciante resaltó que "fue terrible trabajar en el juzgado" pero valoró la sanción aplicada a la magistrada. "Dadas las circunstancias, está bien (la sanción)", afirmó al señalar que, según lo que ella sabe, la jueza ha cambiado su actitud y trato hacia los funcionarios después que se iniciaron las investigaciones en su contra.
"Mi fin era que mis compañeros trabajen tranquilos y que no los maltrate sicológicamente", enfatizó Erika Farías.
LA jueza
Nuestro equipo de prensa logró hablar, ayer al mediodía, con Katia Abarca, quien salió desde su despacho en el juzgado a recibir amablemente a El Líder. Sin embargo, declinó efectuar declaraciones sobre la sanción en su contra y nos solicitó contactar a su abogado Juan Carlos Manríquez.
En entrevista con nuestro diario, Manríquez aseveró que "por lo que propuso la Corte, esta sanción mínima aparece aceptable. Por otro lado, de los hechos que se denunciaron en concreto, la Corte pudo filtrarlos y establecer que unos eran efectivos y que otros no eran efectivos".
El profesional sostuvo que ante lo establecido por la Corte sobre el uso de cámaras y el mal clima laboral que había en el juzgado, "el ánimo (de Katia Abarca) es hacer un antes y después". Y aunque no quiso admitir que la magistrada cometió algún error en sus cometidos, sí resaltó que "siempre hay espacios para mejorar" y que por eso, a su juicio, la municipalidad había autorizado la instalación de cámaras en el tribunal.
Manríquez insistió en que la jueza Abarca niega haber cometido acoso laboral contra los funcionarios y calificó la decisión de la Corte como "una apreciación técnica respecto de lo que es la conducta de los jueces". Además, dijo que el "sistema de palitos" tuvo por objetivo "una motivación organizacional".
Katia Abarca y su abogado no apelarán a la resolución del pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Un abogado de San Antonio consultado por El Líder afirmó que "dentro de las sanciones posibles, la censura por escrito es leve, un poco más alta que la amonestación pero leve. Los ministros de la Corte de Apelaciones señalaron que ella actuó mal pero creen que esa es la sanción que es proporcional a la irregularidad que ella cometió, según la investigación".
"Ella (la jueza) tiene el mejor ánimo, quiere hacer su trabajo de la mejor manera posible y en armonía con los funcionarios",
Juan Carlos Manríquez, abogado.
Dirigente
Tras conocer la sanción contra la jueza Katia Abarca, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de San Antonio, Rodolfo Calderón, dijo a Diario El Líder que "se hizo justicia, aunque no como uno quisiera como dirigente. La sanción es mínima, debería haber sido más. Ahora ella tiene que cambiar la actitud con los funcionarios porque los trabajadores somos personas y no esclavos". Añadió que hubo acoso laboral contra los funcionarios y que este castigo "es un ejemplo" que debe ser considerado por todos los jefes o directores municipales. También llamó al alcalde Omar Vera a "tomar en cuenta esta sanción a la hora de evaluar a la magistrada".
2 fiscales judiciales investigaron los hechos denunciados por los funcionarios.