Diego Gotelli C.

Tras seis meses de investigación, la PDI y la Fiscalía desbarataron una red de trata de personas para explotación sexual, probablemente la mayor del país, pues los antecedentes apuntan a que la banda operaba en cuatro regiones, contabilizando a la fecha al menos 32 víctimas inmigrantes.

La indagatoria determinó que las afectadas eran contactadas en Colombia y eran engañadas para venir a Chile ofreciéndoles puestos de trabajo que no existían. Según el Ministerio Público, a algunas mujeres les decían que serían modelos y a otras que se desempeñarían como asesoras del hogar. A algunas les decían que ejercerían la prostitución, "pero no en las condiciones en las que estaban acá", dijo el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle. Las condiciones de vida, según el persecutor, eran similares a una "esclavitud moderna", ya que si bien no estaban en celdas, sí vivían encerradas en una habitación con cámaras, donde eran vigiladas todo el día.

Según la investigación, a las mujeres se les quitaban los celulares para restringir la comunicación con sus familiares. "Usaban medidas de coacción, como por ejemplo diciéndoles que si la policía las detenía era para ser deportadas y no para ayudarlas", comentó el comisario Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI.

Chiffelle detalló que la banda recibía a las víctimas en la Región Metropolitana, para luego ser trasladadas a Temuco. Desde allí eran derivadas a Osorno y Puerto Montt.

El caso llegó a conocimiento de la policía en junio, cuando un grupo de mujeres escapó de la organización y realizó la denuncia. Ayer, diez víctimas fueron rescatadas en Osorno y Temuco, que se suman a otras 22 que podrían haber huido o encontrarse en otras residencias.

Se detuvo a los ocho presuntos líderes de la red, seis chilenos y dos colombianos y las penas partirían en 10 años. En el grupo hay un profesor y sostenedor de un colegio que era financista.

Una tómbola escogió a los cinco integrantes de la comisión que revisará la Acusación Constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Cuatro de los diputados escogidos pertenecen a Chile Vamos y solo uno a la oposición.

Los diputados seleccionados fueron Sergio Gahona (UDI), Joaquin Lavín León (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Catalina del Real (RN) y Marcos Ilabaca (PS).

El diputado Jaime Bellolio espera que la comisión para la que fue escogido "no se ocupe con una lógica de venganza política, ni tampoco para cerrar los oídos y cerrar los ojos", expresó. Agregó que la acusación, respaldada desde el PC a la DC, "no es un mecanismo para exigir responsabilidades políticas, pues no es un régimen parlamentario".

El diputado opositor Mario Ilabaca dijo que "existe responsabilidad política de parte del (ex)ministro de Estado que en definitiva determinó la declaración de un Estado de Excepción".

Para la diputada Catalina del Real (RN), quien ya fue parte de la comisión que revisó el libelo contra la ministra Marcela Cubillos, "las acusaciones constitucionales se están volviendo una moda".

En la primera entrevista que da desde el inicio de las manifestaciones el pasado 18 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera analizó, en conversación con la cadena británica BBC, la crisis que vive el país y se abrió a la posibilidad de cambiar la constitución, uno de los puntos que han sido parte del debate en torno a las protestas.

A la pregunta sobre un posible cambio a la Carta Magna, cuestionada por su origen de 1980, el Mandatario respondió: "Por supuesto, después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución".

Sobre la posibilidad de que esa reforma se haga a través de una asamblea constituyente, Piñera sostuvo que "hay que partir por ponernos de acuerdo en qué queremos, qué cambios queremos introducirle a la Constitución. Hay algunos a los que no les importa nada el fondo, lo único que quieren es el método". "Hay una instancia para discutir las reformas constitucionales y esa instancia es el Congreso. Y el Congreso podrá decidir el camino a seguir", añadió, dando luces del camino más probable que podría seguir el Gobierno.

El jefe de Estado fue preguntado: "¿Tiene fe en que va a llegar al fin de su gobierno?", a lo que contestó que "por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos".