Dúplica ¿Asamblea Constituyente?
Me es gratificante saber que mi carta al director titulada "¿Asamblea Constituyente?" del día 9 de noviembre ha sido del interés de Jaime Rodríguez Manríquez, a quien tengo el gusto de conocer y con el que he sostenido en muchas oportunidades largas conversaciones. Agradezco asimismo, su enfoque desde la historia, no obstante me permito los siguientes comentarios:
1.- Las cartas fundamentales efectivamente no se escriben sobre piedras, ergo, son modificables y perfectibles en el tiempo; la nuestra claro está requiere reformas. Desde un punto de vista estrictamente jurídico -vale decir desde la teoría constitucional- no existen dudas que la actual Constitución tiene una serie de elementos que la hacen cumplir con estándares internacionales, al otorgar por ejemplo un marco regulatorio para el funcionamiento de las instituciones o contener un catálogo de derechos fundamentales. Ahora bien, desde un prisma meramente político, las estadísticas demuestran que las democracias avanzadas no son precisamente proclives a refundaciones constitucionales.
2.- Nuestra vida democrática simplemente no sería posible si no contáramos con esas instituciones a las cuales hace referencia la Carta Fundamental. Por ello, resulta indispensable que el proceso (sea el de reforma o nueva Constitución) se lleve a cabo ante las instituciones que correspondan. No por nada, la sociedad ha creado las instituciones para sí misma y para permitir además el correcto desarrollo de la democracia. En esa lógica, por ejemplo, es el Poder Judicial (y no la autotutela) quien resuelve los conflictos de relevancia jurídica, o bien, es el pueblo en las elecciones -a través de la institucionalidad del voto- quien define a sus representantes. Si el argumento para despojarle al Congreso Nacional las facultades constituyentes es el desprestigio de la clase política, recordemos que en las últimas elecciones más de la mitad del padrón electoral decidió no ejercer su derecho a sufragio ¿Resultado? Autoridades electas con escasa representatividad (algunos con un 1% inclusive), pero al fin y al cabo -y nos guste o no- LEGÍTIMAMENTE.
3.- En definitiva, la tarea está dada en diseñar un proceso en el que converja la participación ciudadana y el Poder Legislativo, entendiendo que es este el poder del Estado llamado a llevar a cabo la deliberación política. Si el mecanismo para reformar o cambiar la Carta Magna excluye al parlamento del proceso constituyente, la pregunta es ¿por qué habría que seguir considerándolo después como sede de la discusión política nacional?
Ariel Henríquez Achurra
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