Rodrigo Ogalde Cofré

Los representantes de la Mesa de la Unidad Social de San Antonio llegaron a un acuerdo con el alcalde Omar Vera para que en la Consulta Ciudadana del próximo 15 de diciembre esta entidad actúe como garante y fiscalizadora de dicho proceso que tiene por objetivo conocer la postura de la comunidad en torno a las demandas sociales y la nueva Constitución Política.

De acuerdo a lo señalado por la vocera de la Mesa de la Unidad Social, Rhode Martínez, en la cita con Omar Vera se le manifestó la voluntad de que "seamos súper vigilantes de dicha consulta para que esta se desarrolle en total transparencia".

"Como Mesa nos interesa que en el voto se incluyan las demandas centrales que se expresan en las calles, por eso trabajamos en una propuesta que incluye la opción de asamblea constituyente, participación de los pueblos originarios y, sobre todo, la paridad de género", dijo Martínez.

La dirigenta añadió que entre los temas primordiales sobre los cuales debería pronunciarse la comunidad de San Antonio están "la importancia de conservar el humedal de Llolleo, considerando las tres lagunas, el estero El Sauce, la ribera norte del río Maipo y el parque DYR".

De la misma manera, dicha entidad aboga porque en San Antonio se generen "mecanismos de participación vinculantes para que los vecinos definan el futuro de la ciudad".

"También consideramos que es muy relevante que haya un plan de educación sexual y afectiva, y este debe ser en forma integral, para que desde la temprana edad se enseñe cómo relacionarnos y cómo cuidar nuestro cuerpo y evitar enfermedades de transmisión sexual. En definitiva, es evitar desde la raíz los problemas de violencia de género".

La asamblea de la Mesa de la Unidad Social determinó llamar a la gente a participar en la Consulta Ciudadana del próximo 15 de diciembre, proceso que se llevará a cabo en San Antonio, El Tabo, El Quisco y Cartagena.

Rhode Martínez explicó que la integración de estos temas en dicha consulta será definida en los próximos días por parte del municipio. Además, destacó que el alcalde mostró "apertura y disposición" a debatir dichas temáticas e incluirlas en el proceso de la próxima semana.

Sergio Castro, vocero del Movimiento No+AFP y dirigente de la Mesa de la Unidad Social de San Antonio, rechazó la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la Ley Antisaqueo y Antibarricadas.

"Hoy se aprobó una ley que incluso está en contra de la Constitución actual sobre el derecho a protestar democráticamente, eso hoy se está coartando. No sé de qué manera las autoridades políticas del país van a explicarles a los chilenos y chilenas que nos estén coartando la libertad de protestar pacíficamente en las calles", aseveró Castro.

El Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso suspendió por tres meses al alcalde de El Tabo, Emilio Jorquera, en el marco de una denuncia presentada en 2018 por la concejala Gloria Carrasco (RN) por presunto abandono de deberes, faltas a la probidad y no resguardar el patrimonio municipal.

Junto con aclarar que el TER desestimó los cargos presentados, el jefe comunal explicó que el organismo solo habría cuestionado que firmara la patente municipal que se le entregó a la empresa Aquelarre con la cual él también generó tratos económicos en su calidad de socio de la compañía familiar "Jorquemat", ligada a la compra y venta de áridos.

"Hay una sanción de tres meses de suspensión, la que me parece extremadamente injusta y voy a hacer uso de mi derecho a apelación. Acá no hay faltas a la probidad", aseveró.

Jorquera dijo que el hecho de que el TER no lo haya destituido "es un fracaso" para la concejala Carrasco "porque no consiguió su objetivo". Además, la sindicó como quien, través de estas acciones, "me quiere inhabilitar para las elecciones de alcaldes y concejales".

"Esta es solo una etapa del proceso y, por tanto, el fallo no se encuentra firme y ejecutoriado, lo cual implica que la sanción impuesta a mi persona puede ser revocada por completo", resaltó.

Anunció que apelará a la sanción que le impusieron los jueces del TER, para lo cual tiene plazo hasta el próximo miércoles 11 de diciembre. De esa manera, la suspensión no se podría hacer efectiva hasta que el mismo tribunal se pronuncie en torno a dicho recurso.

El alcalde tabino confirmó que "me voy a repostular y ahora con mayor fuerza".

La concejala Gloria Carrasco no quiso referirse a este tema.