Rosa Zamora

Una vez más, la realidad colisiona con la norma y la contradicción revela un sinfín de urgencias que abordar. Cuando a comienzos de febrero de 2019 el empresario Matías Pérez expulsó a tres personas de la playa colindante con su terreno frente al lago Ranco aduciendo que se trataba de su propiedad, muchos lo pusieron en duda.

El entonces ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, se apresuró a aclarar que "haya pasto o adoquines, lo que importa es determinar si ese lugar se inunda en invierno y donde termina la playa, empieza la propiedad privada". Tal como señala el artículo 594 del Código Civil, de acuerdo al cual "se entiende por playa la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas".

Pero con las marejadas extremas, el aumento del nivel del mar y otros episodios, el límite es cualquier cosa, menos estático, y de hecho en los últimos años ha sido traspasado una y otra vez, lo que demuestra que el uso de esta área, entendida como bien de uso público bajo un concepto más amplio que el de borde costero, debería estar sujeto a un ordenamiento territorial regido por criterios diferentes a los actuales y centrado en la preservación de sus recursos.

Fue uno de los aspectos revisados en el seminario "Ley de Costas en Chile: por una nueva ordenanza costera en un escenario de cambio climático", efectuado el martes 14 en Valparaíso y organizado por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), centro de excelencia Fondap-Conicyt, integrado por las universidades Católica de Chile, Federico Santa María, Andrés Bello y Universidad Católica del Norte, y en que también colaboran investigadores de las universidades de Chile, de Concepción, de Valparaíso (UV), Católica de la Santísima Concepción y del Desarrollo.

En el encuentro, efectuado en la Intendencia Regional, expusieron Carolina Martínez, doctora en Geografía y docente de la UC; Patricio Winckler, doctor en ingeniería civil y docente de la UV; y Rodrigo Cienfuegos, doctor en Ciencias de la Tierra, docente de la UC y director de Cigiden, cuyas presentaciones fueron comentadas por los senadores Alfonso de Urresti, Ximena Órdenes y Kenneth Pugh.

Zona costera

Para Carolina Martínez es fundamental cambiar el concepto de borde costero por el de zona costera, por cuanto el primero implica sólo 200 metros desde la orilla, "mientras que la zona costera permitiría proteger cerca de cuatro kilómetros de ecosistemas costeros que incluyen campos dunares, playas, humedales y otros".

"Queremos que la costa se pueda conservar para futuras generaciones, que sea un área resiliente para el cambio climático, que los ecosistemas se conserven y se respeten los usos de pueblos originarios y de caletas de pescadores, que son los usuarios marginados de la costa", plantea la investigadora.

Crítica del uso inmobiliario de la zona costera, la experta en Geografía agrega que una Ley de Costas "podría replantear los usos y ocupaciones que ya existen" generando propuestas "de mitigación, de recuperación de ecosistemas y de readaptación de funciones urbanas que puedan ser más sostenibles, sobre todo pensando en las zonas de sacrificio, y apuntar a una depuración de la calidad y de los parámetros que están generando conflicto con el medio ambiente, con la salud humana y con el resguardo de la vida humana en el caso de los desastres y de los eventos extremos".

Zona costera

"La zona costera es la primea línea frente a tsunamis y marejadas, que actúa como defensa, mitigación y reducción del riesgo y eso es algo que dicen miles de investigaciones. Queremos plantear que este espacio, donde están las playas, las dunas, los humedales, es un bien de uso público, y cómo hacer una gobernanza para que sea ocupado y se pueda desarrollar en forma segura y sustentable", señala el director de Cigiden, Rodrigo Cienfuegos.

"La depredación urbana de playas, dunas y humedales construye riesgos al exponer a las personas y bienes a inundaciones costeras, y además destruye la resiliencia natural de los sistemas socio-ambientales", agrega, por lo cual "la normativa debe proteger los ecosistemas costeros y así detener su erosión".

Plantea que las definiciones legales referidas a ese espacio no son dinámicas, en circunstancias que el cambio climático introduce una serie de modificaciones.

"Están aumentando el nivel del mar y las marejadas, todo lo cual hace que haya más erosión; el mar está ganando terreno y deja obsoleta la definición estática que tenemos para la línea de más alta marea y la definición de playa, que es una definición puramente administrativa".

Dice que desde una perspectiva socioambiental y ecosistémica, junto al mar "hay una zona mucho más amplia que además sirve como mitigadora de los efectos del cambio climático. Si somos capaces de entender eso e incorporarlo a la legislación, entonces vamos a poder desarrollar nuestro país en términos que aseguren el aprovechamiento sustentable de sus recursos para que puedan ser aprovechados durante más décadas y por más generaciones".

Advierte que "es urgente que se avance en ese sentido porque en Chile se están construyendo riesgos todos los días, se están urbanizando zonas que no están urbanizadas en la costa, se están ocupando humedales y densificando sectores que podrían el día de mañana estar expuestos a fenómenos de marejadas o tsunamis. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como académicos, pero también del Estado, tener este tipo de discusiones de manera urgente".

"La depredación urbana de playas, dunas y humedales construye riesgos al exponer a las personas",

Carolina Martínez.