Nuestra historia nos muestra que ese poder concentrado de gobierno no se ha compartido en ningún sentido y que la dinámica política, económica, social y cultural ha acrecentado tal concentración, llevando nuestro régimen político a una mirada centralista sin contrapeso.

Por cierto que algún avance ha existido en la ley, en ese "propender" a la descentralización que le imponía la Constitución y que, signo claro, fue derogado por la reforma del año 2005. El nivel regional cuenta con un consejo elegido por votación popular y -si llega el día- tendrá también un Ejecutivo con mandato popular. Es efectivo que es un nivel que administra recursos significativos, pero gran parte de los mismos son gastos dirigidos por el nivel central y, los no dirigidos, se distribuyen territorialmente y según el interés local de cada bancada. No hay debate político regional sobre un presupuesto regional con un propósito político propio (como el fomento de una actividad regional estratégica), sino más bien distribución de una partida según la conveniencia del momento. Tal debate no es posible con una estructura sectorial dependiente de los ministerios y sin una instancia política autónoma que lo cobije. Falta, además, un sistema de control efectivo, que asegure el buen uso de los recursos estatales en los niveles regional y local.

La reforma del gobierno de la región, todavía en etapa de implementación, como en su momento fue la modificación de la administración comunal, aparenta ser más importante de lo que efectivamente es. Si la disponibilidad presupuestaria no crece y los caminos decisionales siguen pasando todos por la región Metropolitana, la posibilidad de vivificar la opaca conciencia de ciudadanía -en el resto de las regiones- continua su alejamiento sin novedad.

Chile declara en su Constitución que su Estado es unitario y que la ley organizará su administración de modo descentralizado o desconcentrado. El artículo 1º de la Constitución de 1925 decía lo mismo y la Carta de 1833, aunque no lo decía, construía un Estado unitario. La unidad propia de este tipo de Estado se expresa en la concentración del poder de gobierno en un único nivel político y de extensión territorial completa, lo que es compatible con la transferencia o delegación de un cierto poder de administración y ejecución a órganos de distintos niveles con competencia territorial diferenciada (regional, provincial o comunal).

Alan Bronfman Vargas

Profesor de Derecho Constitucional

Desde hace dos años las regiones esperamos que se haga efectiva la implementación de las nuevas normas sobre descentralización del país que introducen cambios significativos en el modelo de gestión pública en las regiones. La más importante modificación tendría lugar en octubre de este año y refiere a la elección por votación directa de gobernadores regionales, que reemplazarán a los actuales intendentes. Junto a lo anterior tendrá lugar de forma progresiva, la transferencia de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales.

Ambas reformas responden a la histórica y persistente demanda de las regiones de dotarse de una institucionalidad que tenga un verdadero protagonismo en la toma de decisiones, especialmente en lo que se refiere a necesidades locales, distantes o ignoradas por autoridades centrales, y que potencie las capacidades de desarrollo social, económico y cultural a lo largo y ancho de su territorio.

En este contexto, resulta del todo incomprensible la argumentación a favor de posponer la elección de gobernadores regionales. Frente al clima de desconfianza que se ha instalado en nuestra sociedad, especialmente focalizado en la institucionalidad política vigente, el ejercicio del derecho a la participación política a través de la elección popular de la máxima autoridad regional, representante legítimo de los habitantes de ese territorio, es una oportunidad para alcanzar algo de la gobernabilidad democrática tan necesaria actualmente para evaluar y responder al menos a las demandas ciudadanas locales.

Del mismo modo, un ambiente altamente influenciado por el proceso constituyente, resulta ser un momento inigualable para difundir el rol que cumplirán estas nuevas autoridades y para debatir el modelo de descentralización, no del todo consensuado, al cual estamos transitando, especialmente en los ámbitos ya identificados como desafíos, me refiero al traspaso de competencias a los gobiernos regionales y a los presupuestos regionales, los que deben ser abordados para dar sustentabilidad al modelo.

En consecuencia, decepciona la falta de compromiso político de la actual administración con la reforma, ya que si bien ella, por si sola, no genera el equilibrio anhelado por las regiones, marca un hito simbólico de inicio de una etapa regionalista, con una institucionalidad que claramente constituye un avance hacia la descentralización y en mi opinión hacia la gobernabilidad democrática.

Dra. Patricia Reyes Olmedo