Desde hace dos años las regiones esperamos que se haga efectiva la implementación de las nuevas normas sobre descentralización del país que introducen cambios significativos en el modelo de gestión pública en las regiones. La más importante modificación tendría lugar en octubre de este año y refiere a la elección por votación directa de gobernadores regionales, que reemplazarán a los actuales intendentes. Junto a lo anterior tendrá lugar de forma progresiva, la transferencia de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales.
Ambas reformas responden a la histórica y persistente demanda de las regiones de dotarse de una institucionalidad que tenga un verdadero protagonismo en la toma de decisiones, especialmente en lo que se refiere a necesidades locales, distantes o ignoradas por autoridades centrales, y que potencie las capacidades de desarrollo social, económico y cultural a lo largo y ancho de su territorio.
En este contexto, resulta del todo incomprensible la argumentación a favor de posponer la elección de gobernadores regionales. Frente al clima de desconfianza que se ha instalado en nuestra sociedad, especialmente focalizado en la institucionalidad política vigente, el ejercicio del derecho a la participación política a través de la elección popular de la máxima autoridad regional, representante legítimo de los habitantes de ese territorio, es una oportunidad para alcanzar algo de la gobernabilidad democrática tan necesaria actualmente para evaluar y responder al menos a las demandas ciudadanas locales.
Del mismo modo, un ambiente altamente influenciado por el proceso constituyente, resulta ser un momento inigualable para difundir el rol que cumplirán estas nuevas autoridades y para debatir el modelo de descentralización, no del todo consensuado, al cual estamos transitando, especialmente en los ámbitos ya identificados como desafíos, me refiero al traspaso de competencias a los gobiernos regionales y a los presupuestos regionales, los que deben ser abordados para dar sustentabilidad al modelo.
En consecuencia, decepciona la falta de compromiso político de la actual administración con la reforma, ya que si bien ella, por si sola, no genera el equilibrio anhelado por las regiones, marca un hito simbólico de inicio de una etapa regionalista, con una institucionalidad que claramente constituye un avance hacia la descentralización y en mi opinión hacia la gobernabilidad democrática.
Dra. Patricia Reyes Olmedo