Crónica
Portonazos, robos a casas, locales comerciales, venta de drogas, riñas con armas blancas y heridos en las tomas, además del incendio de un bosque existente en los terrenos, son parte de la pesadilla que están viviendo los habitantes del cerro Placilla y el sector Trébol desde la llegada de ocupantes ilegales de los predios cercanos.
Así lo denuncian los vecinos, que señalan que esta situación ha ido creciendo en los últimos meses, pero la semana pasada registró un peak de violencia extrema asociada a delitos.
Superó los límites
Guillermo Pérez, residente de la villa El Trigal de San Antonio y quien sufrió un intento de robo en su hogar, dice estar cansado de la delincuencia. "Esto superó todos los límites. Uno sale a trabajar con una inseguridad tremenda, sobre todo cuando uno tiene niños y también por los vecinos y adultos mayores que poco y nada pueden hacer si dos o tres personas van a robarle su vehículo o derechamente a quitarle lo que tienen en sus casas", puntualiza .
El poblador acusa una tremenda desprotección. "Se metieron a la casa de un detective incluso, que vive tres casas más abajo de la mía y tuvo que irse de acá. Necesitamos más resguardo policial, un plan cuadrante", solicita Pérez, agregando que "sin ir más lejos (jueves 13 de agosto) a un vecino que está en la calle principal de la villa al Trigal, intentaron abrirle la casa. Por suerte había instalado cámaras de seguridad que lo alertaron de la situación".
El pasado lunes 10, mientras operarios maquinistas realizaban trabajos en el área, fueron agredidos con palos por desconocidos para impedir su trabajo. En su favor se interpuso un recurso de protección para que puedan cumplir con sus tareas.
En febrero pasado, la Inmobiliaria Bellavista, propietaria de los terrenos, presentó dos querellas criminales en contra de los ocupantes ilegales, denunciando la existencia de grupos ilícitos que venderían sitios de manera inescrupulosa para segunda vivienda.
Consultada al respecto, la empresa dijo estar al tanto de los problemas de orden público, que ha sostenido conversaciones con las autoridades en reiteradas oportunidades y que están a la espera que se dicten medidas de protección por parte de la fiscalía, "a fin de contar con resguardo policial para que maquinaria pueda concurrir al predio y cerrar los accesos con el propósito de impedir que las tomas sigan creciendo".
24 tomas o asentamientos irregulares existen en San Antonio según un estudio de la consultora Atisba.