Diego Gotelli C.

Días de definiciones se viven en La Moneda en torno al plebiscito constituyente del 25 de octubre. Para afinar detalles de las medidas para esa jornada, ayer seis alcaldes de oposición llegaron a la casa de Gobierno con tres exigencias que, afirman, garantizarían un sufragio seguro y participativo.

Las ideas consideran un protocolo sanitario que incluya test PCR a los vocales, propuesta que ya está trabajando el Ejecutivo junto al Servicio Electoral (Servel); y establecer que ese día el transporte público sea gratuito en todo el país.

"Así se generan mejores condiciones para que todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a voto lo puedan hacer", dijo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. "Esto garantiza que nadie se quede sin votar por razones económicas", añadió su par de Independencia, Gonzalo Durán.

La tercera exigencia apunta a profundizar la información de los locales de votación pues el Servel planea aumentar las sedes, hecho que fue confirmado por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien destacó que ello acortará los traslados para sufragar.

En la jornada el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monckeberg, ratificó que si bien apuntan a que la participación sea masiva, se ve lejana la opción que los casos covid activos voten.

En la antesala el presidente del Servel, Patricio Santamaría, ya había sentenciado que en el escenario actual los contagiados "no van a poder votar" y atribuyó al Gobierno una falta de voluntad para impulsar una legislación que faculte el sufragio remoto. Ayer un grupo de senadores ingresó un proyecto en esa dirección, lo que fue criticado por el Ejecutivo.

"No es recomendable que a pocas semanas de llevar adelante un plebiscito empecemos a innovar e inventemos algo que a lo mejor no va a resultar bien", dijo Monckeberg. "Esto no es cerrar o abrir la puerta a nadie, es hacer un plebiscito seguro", añadió. La Moneda apunta a tener una regulación para las elecciones del próximo año.

Tras más de dos años de tramitación, el Congreso despachó una iniciativa que elimina una restricción que hasta ahora impedía a las mujeres a volverse a casar durante nueve meses desde disuelto su matrimonio.

La restricción fue creada en el siglo XIX y establecía solamente para las mujeres este lapso de 270 días de impedimento a segundas nupcias, argumentado un conflicto ante una eventual presunción de paternidad de los hijos que la mujer pudiera tener en su segundo matrimonio.

Al respecto, el nuevo texto establece que si la mujer contrae sucesivamente dos matrimonios (o AUC) y da a luz después de celebrado el segundo, se presumirá hijo del actual marido, cualquiera sea el plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio. Ello sin perjuicio del derecho del actual cónyuge para desconocer esta paternidad, si se dan los supuestos previstos.

Desconocida la paternidad, se presumirá padre al marido del matrimonio anterior siempre que el niño haya nacido dentro de los 300 días desde su disolución.

En la votación de ayer en la Cámara Baja, último trámite del proyecto, los diputados coincidieron que con esta normativa se acaba un "anacronismo" y una discriminación hacia las mujeres.

"Esta ley permitirá que hombres y mujeres tengamos libertad de rehacer nuestras vidas sin discriminación. Debemos terminar con toda norma anacrónica que afecten a las mujeres", tuiteó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

La norma está lista para ser promulgada por el Ejecutivo.

A dos meses de que se concretara el ya postergado reajuste a los planes de salud de las Isapres, el gremio adelantó ayer que acordaron congelar las alzas en las prestaciones hasta el próximo año.

El pacto fue dado a conocer ayer por el gerente general de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, en una sesión de la comisión de Salud del Senado. En la instancia, el ejecutivo explicó que la decisión se adoptó considerando la "situación particular" que vive el país, las "necesidades" que tienen los cotizantes, y las "condiciones que hoy día está enfrentando el sistema privado, en particular las Isapres".

"Esto es algo que jamás el sistema ha hecho. Ha sido muy complejo. Tenemos la convicción de que es una muy buena solución, que tendrá una favorable acogida por parte de los cotizantes y de todos en general", añadió Simón.

La postergación contempla que los reajustes se ejecuten recién en agosto del 2021. Esta es la segunda prórroga en contexto de pandemia en los planes, luego que en abril se acordará prorrogar las alzas hasta agosto, proceso que no se inició y derivó en este nuevo anuncio.

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, dijo que las compañías deberán presentar su postura formalmente para crear una circular que haga obligatorio y fiscalizable la medida, la cual fue valorada: "Es inédito".