Diego Gotelli C.

Una nueva arremetida inició el diputado Raúl Alarcón para intentar instalar en Chile el uso del dióxido de cloro como fármaco para combatir el covid-19, algo que la ciencia internacional no avala.

Pese a que hace un mes el Ministerio de Salud descartó la opción por "poner en riesgo a la población", esta semana el diputado -conocido como "Florcita Motuda"- anunció que está en tratativas con parlamentarios bolivianos para impulsar su causa en Chile.

"Quiero ver la posibilidad de salvar vidas", tuiteó. Afirmó haber entregado información a autoridades, además de oficiar al Instituto de Salud Pública (ISP) para analizar su uso.

El informe técnico del organismo enviado a inicios de mes es lapidario y descarta su empleo como tratamiento para enfrentar el coronavirus y sus efectos en las personas.

El ISP argumenta que según la Agencia Europea de Productos Químicos, es fatal si se inhala, tóxica si se ingiere y puede causar irritación y quemaduras graves en la piel.

Añade que a nivel mundial se han reportado casos de reacciones adversas graves. En Chile el Centro Toxicológico de la UC ha reportado cinco intoxicados en la pandemia. Los afectados van de los 45 a 70 años y presentaron pérdida de conocimiento, vómitos y dificultad para respirar, entre otros síntomas.

"Del punto de vista médico no hay discusión: esto no tiene utilidad alguna y puede ser tóxico", dijo el infectólogo Miguel O'Ryan. "No hay evidencia que avale su uso. Es un producto de limpieza", añadió Luis Herrada, jefe de urgencia de clínica Las Condes.

El ISP detalló que en el mundo se han hecho 3 investigaciones sobre su uso. Dos tuvieron pocos participantes para sacar conclusiones (20 voluntarios) y los tres presentaron un diseño sesgado. "La evidencia no da garantías de que el tratamiento sea seguro ni eficaz", recalcaron.

Tras las críticas de la institución y el Gobierno, la Contraloría defendió sus facultades para impulsar una investigación contra siete generales del Alto Mando de Carabineros por sus actuaciones administrativas durante el estallido social de octubre de 2019.

En la semana se conoció que los generales Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti tildaron de "ilegal" la pesquisa, postura que ha tenido en general Chile Vamos.

"La facultad para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución", respondieron ayer desde el ente fiscalizador.

"El contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquel, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos", añadieron.

El fiscalizador dio a conocer que entre octubre y diciembre del año pasado recibió 457 denuncias relativas al actuar de Carabineros.

La madrugada de ayer un joven de 21 años fue detenido luego de confesar que asesinó a su madre y a su hermana al interior de su hogar, en Quilicura. Desde la PDI informaron que habría actuado bajo la influencia del alcohol. El subcomisario Vicente Torres detalló que en el inmueble se encontró en el segundo piso con el hombre que tenía lesiones en ambas manos, reconociendo ser hijo y hermano de las víctimas, de 54 y 18 años, y su autoría en el asesinato. "Se puede determinar que el imputado estuvo ingiriendo alcohol y no se descarta que haya estado bajo la influencia de una sustancia psicotrópica", dijo Torres. "Ellas presentaban diversas lesiones provocadas por armas cortantes. La mayor de edad presentaba una lesión principal en el cuello, mientras que la segunda en el tórax", agregó.