En la subcomisaría de Pudahuel Norte, donde cumple prisión preventiva como sospechoso de haber empujado a un joven al río Mapocho, el ahora excarabinero Sebastián Zamora fue notificado por la institución que fue dado de baja. El motivo es usar una cámara personal que no informó.
Leo Riquelme
En prisión preventiva por tratarse de un supuesto peligro para la sociedad, según estimó el tribunal, quedó ayer Bastián Muhlhauser Aravena, el hasta ahora único detenido por el masivo hackeo perpetrado contra la plataforma de Clave Única, que administra el Gobierno Digital.
La Moneda, la policía y la fiscalía aún desconocen el alcance del ciberataque, aunque creen que no se vio afectada la información personal sensible almacenada en el sistema creado por el Ejecutivo para facilitar la realización de trámites estatales.
Pese a ello, 1,5 millones de chilenos cambiaron sus claves como medida de resguardo.
Según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización por la fiscal Alicia Ascencio, el ingeniero informático de 26 años comenzó a perpetrar el hackeo a partir de agosto, aunque sólo se supo de la intervención el 9 de octubre, cuando difundió por redes sociales, junto a terceros, dos archivos con descargas masivas de bases de datos exclusivas de la plataforma del Gobierno Digital.
Las pesquisas ahora apuntan a obtener antecedentes de proveedores de servicios internacionales e identificar a otras personas que pudieron participar en el ataque. Se sospecha que hay al menos dos implicados. "Los hechos son de gravedad", dijo la fiscal Ascencio.
"Esto generó impacto nacional, de incertidumbre, de temor, por la difusión de datos personales", agregó el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien valoró que la Brigada del Cibercrimen de la PDI detuviera a un individuo a "apenas 14 días" de conocido el delito. Esto, a pesar de que habría comenzado a perpetrarse dos meses antes y sólo quedó al descubierto porque sus autores difundieron la información.
Por tales motivos el sospechoso fue formalizado por los presuntos delitos reiterados de acceso ilegal o espionaje informático; y difusión indebida de información.
Su defensa argumentó, entre otros aspectos, que el ingeniero sólo ocupó "llaves de acceso" para verificar la condición de la plataforma y que no se ha acreditado que él difundiera la información.
Muhlhauser fue apresado el miércoles en una casa de Limache, donde vivía junto a su pareja y gran parte de la familia de ella.
El ingeniero es experto en ciberseguridad y consultor de una empresa relacionada al "pentesting", una especialidad de la informática que consiste en efectuar ciberataques a fin de identificar vulnerabilidades en los sistemas tecnológicos.
El imputado registraba una condena en 2013 por el delito de robo con intimidación, por lo que fue condenado a 3 años de presidio menor.
El director general de la PDI, Héctor Espinosa, aseguró que en este caso trabajaron con apoyo de policías extranjeras y lograron reunir "mucha evidencia concluyente" sobre la eventual participación del detenido en el ciberataque. "Este es un delito bastante complejo y difícil de investigar, pero la PDI tiene las capacidades", sostuvo.
19 años tenía el hoy imputado cuando fue condenado por otro delito en 2013.
La pandemia del coronavirus ha llevado a que unas 182 mil personas que tenían un empleo hasta el año pasado y lo perdieron dejaran de buscar una ocupación por las condiciones laborales imperantes, según concluyó la encuesta trimestral de empleo que elabora el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para el Gran Santiago.
Sus encargados indicaron que si estas personas estuvieran intentando entrar al merado del trabajo la desocupación capitalina llegaría al 17,3%. Sin embargo, como no lo están haciendo la tasa para septiembre llegó al 12,8%.
La cifra fue 1,3 puntos mejor respecto a la que existía en junio, que fue un mes en que gran parte de la Región Metropolitana se encontraba bajo confinamiento.
No obstante, ese 12,8% de desocupación está 4,6 puntos por encima del mismo mes del año pasado y más de tres puntos por sobre el promedio de desempleo de los últimos 20 años. Es decir, hay casi 425 mil personas sin trabajo.
El cambio en las condiciones sanitarias y la desescalada en que ha estado la capital variaron también la situación del teletrabajo. En junio lo ejercían casi un cuarto de los trabajadores de la ciudad, proporción que ahora se redujo al 19,7%.
"En casi todas las mediciones de este año la modalidad de trabajo a distancia es más frecuente entre las mujeres", reza el informe.
Esa constante de género también se nota en los empleos que se han recuperado, que son mayoritariamente masculinos.
La jueza Romy Rutherford volvió a procesar al excomandante del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba. En la causa que lleva en su contra y la de otros altos funcionarios castrenses, la ministra en visita apuntó al general (r) de eventual malversación de caudales públicos, acusando que habría utilizado el avión institucional entre 2010 y 2014 para viajar a La Serena, donde tiene una casa de descanso.