En medio de las amenazas de Donald Trump de negarse a las votaciones y paralizar los conteos en estados donde aparece como derrotado ante el demócrata Joe Biden, la autoridad electoral de Nevada anunció que el grueso de la contabilidad se realizará entre mañana y el domingo.

El anuncio significa una dilatación para los comicios presidenciales de Estados Unidos, que partieron el martes y hasta ayer no tenían ganador.

Nevada otorga seis electores al triunfador, que son los que le faltaban a Biden para imponerse, pues hasta ayer sumaba 264 y Trump 214.

A diferencia del tono del presidente para denunciar supuestos fraudes, Biden tuiteó: "Sean pacientes, amigos. Se están contando los votos y nos sentimos bien con el lugar donde nos encontramos".

La campaña de Trump anunció una querella contra el proceso de Nevada denunciando que han encontrado "miles" de votos botados y que sufragaron muertos e indocumentados. El jefe del colegio electoral de ese estado, Joe Gloria, dijo que todo será revisado, pero advirtió que recibirán sufragios postales hasta el martes. Restan 63 mil.

Otro estado crítico era Georgia, donde la diferencia a favor del republicano eran 50 mil votos, con el 99% de los sufragios. En Pensilvania eran 110 mil, pero con el 88% y restando aún el postal.

Leo Riquelme

La Contraloría investigará la legalidad de una solicitud del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones, que le requirió la entrega de los RUT de los cotizantes que solicitaron el primer retiro del 10% de las AFP y el monto que demandaron.

Diputados del PPD y el PS pidieron indagar el hecho, gestión que se da en medio del debate parlamentario para autorizar un segundo giro , algo a lo que La Moneda se opone, pese a que concita simpatía en el oficialismo.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que entendía la inquietud, pero aseguró que el oficio "no tiene por objetivo identificar a nadie en particular", sino que busca tener datos para hacer cruces para evaluar el impacto de las politicas públicas.

El diputado PS Luis Rocafull respondió que si el objetivo es sólo generar información estadística, "no se explica por qué ha solicitado las cédulas de identidad de las personas, y no simplemente el número de solicitudes de retiro".

El presidente de RN, Rafael Prohens, también criticó la decisión ministerial. "No me parece bien", dijo el senador a radio Cooperativa. "El ministerio, a mi gusto, no puede meterse en la vida privada de la gente", agregó.

Desde la DC se sumaron las quejas y recurrieron al Consejo para la Transparencia para que evalúe su asidero, organismo que envió un oficio a Hacienda solicitando que lo aclare. El diputado Gabriel Silber aseguró que el pedido es "inconstitucional e ilegal" y añadió que la única manera sería que el titular autorice expresamente la divulgación de sus datos.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió que la solicitud es legal e instituciones como la Dirección de Presupuesto y las subsecretarías las solicitan "habitualmente" para realizar política pública.

Además, aseguró que la normativa garantiza confidencialidad. "Si eso se vulnerara, no sólo sería una grave falta administrativa, sino que también perseguible penalmente", agregó.

Biones, en tanto, añadió que para seguridad de todos la base recabada queda en un servidor institucional, de acceso restringido y que a los 16 días se destruye. Sabemos que es información sensible", comentó el ministro.