Esta semana hemos conocido la condena realizada por la justicia a Jaime Orpis exsenador UDI y a Marta Isasi exdiputada PRI por delitos de cohecho, a saber, recibieron pagos por parte de la empresa CORPESCA para favorecer a esta última en la tramitación de la llamada Ley Longueira.
Además, la justicia también condenó a la empresa por el delito de soborno. Por lo tanto, la justicia ha acreditado que la Ley Longueira fue tramitada dentro de un marco de corrupción.
Ahora que estos hechos que los pescadores artesanales venían denunciando desde hace años han sido acreditados por la justicia, ¿qué argumento tienen los parlamentarios -especialmente los de los partidos involucrados- para negarse a que esta ley sea anulada?
Patricio Ahumada
Presidente
Partido Comunes de San Antonio