Diego Gotelli / Leo RIquelme
Un nuevo cargo de agresión le imputó ayer la fiscalía a los activistas Sebastián Izquierdo y Roberto Belmar, quienes el año pasado lideraron marchas en favor de la opción "Rechazo" que culminaron con ataques a terceros, según acusó el Ministerio Público.
Izquierdo, líder del movimiento "Capitalismo Revolucionario", y Belmar, miembro del grupo "La Vanguardia", ambos identificados con el ultraderechismo, fueron acusados de ser coautores de una golpiza sufrida por una mujer el 7 de marzo.
Según reconstituyó la Fiscalía Oriente, ese día la víctima fue perseguida por adherentes de una marcha del "Rechazo" que la siguieron hasta un edificio, donde terminaron agrediéndola entre seis a ocho personas usando bates y bastones retráctiles.
Por el ataque la mujer resultó con una herida en el ojo, fractura de muñeca y fractura en un codo.
El hecho, formalizado bajo el delito de lesiones graves, se suma así a otros cinco ataques en los que habrían participado los activistas entre el 29 de febrero y el 7 de marzo del 2020, en que según la fiscalía habrían golpeado, insultado y rociado gas pimienta en los ojos a adherentes del "Apruebo".
Por esos hechos los imputados se mantienen desde el año pasado con arresto domicilio nocturno, medida cautelar que han "incumplido en reiteradas ocasiones", acusó el fiscal Álvaro Pérez, quien al reformalizarlos solicitó que sean dejados en prisión preventiva.
El persecutor justificó que los acusados no han desistido en su incitación al odio y amenazas desde el juicio anterior, dando cuenta que "día a día" publican en sus redes sociales amenazas de muerte, y recordó que en enero Belmar fue arrestado tras disparar balines de goma a manifestantes en el centro de Santiago.
"Estas personas son peligrosas para la seguridad de la sociedad", recalcó el fiscal.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el presidio para Belmar, pero lo desestimó para Izquierdo, quien seguirá recluido en su casa durante las noches.
Para el último se mantendrá la prohibición de asistir a manifestaciones o reuniones. Tras el fallo él solicitó permiso para asistir a misa, lo que le fue negado por el tribunal.
Revisarán legislación
Una de las agrupaciones a la que pertenecen Belmar e Izquierdo es sospechosa de haber amenazado a la fiscal Ximena Chong, quien lidera la investigación contra un carabinero por la caída de un adolescente al río Mapocho desde el puente Pío Nono en octubre pasado.
Ayer, el Gobierno anunció que promoverá una "agenda antiamenazas" que incluirá un proyecto de ley que actualice la legislación y la persecución de este tipo de hechos, sobre todo pensando en el trabajo que realicen desde mayo los 155 miembros que tendrá la Convención Constituyente, que redactará una nueva Carta Magna.
"¿Vamos a permitir que las amenazas cambien el rumbo de Chile por los próximos 50 años porque un grupo de personas decida ir selectivamente amenazando a quien piense distinto? Yo creo que no (...). Debe haber una libre deliberación y tenemos que ser capaces de asegurar esa libertad de deliberación", afirmó el jefe de gabinete.
Delgado calificó la actual legislación de "bastante anacrónica", pues no considera, por ejemplo, los amedrentamientos que se efectúan a través de canales digitales como los mensajes de WhatsApp.
"No podemos normalizar las amenazas. No podemos dejar que aquellos que quieran, mediante el amedrentamiento, fijar conductas de otras personas como si fueran mis conductas. O sea, no porque otro piense distinto yo lo voy a amenazar, voy a publicar sus datos personales o fotos de su familia para que actúe como yo quisiera. Esto es parte de la tolerancia, de la democracia", agregó.
Mil cámaras
El Gobierno anunció en Maipú el inicio de la instalación de cámaras de televigilancia de alta resolución en 66 comunas, 387 de ellas en la Región Metropolitana. Se ubicarán en zonas donde no hay de estos aparatos o los que existen están obsoletos, pero también en zonas de alta concurrencia de personas y de hechos delictuales. También se anunció la construcción de una comisaríaen La Farfana.