Claudio Bravo, Jorge Hernández, Jordano Santander y Patricio Alvarado están acusados de haber atacado el 3 de marzo de 2020 los edificios de la PDI y de la Fiscalía de San Antonio en el contexto del estallido social. Por esta acusación arriesgan entre 15 y 30 años de prisión - las largas condenas se explican por la aplicación de la ley de seguridad del Estado.
Después de 11 meses, la semana pasada comenzaría su juicio, sin embargo, a raíz de un brote de covid en la cárcel de San Antonio el juicio se retrasó hasta el 5 de abril. Es decir, pronto cumplirán un año privados de libertad, sin que se les haya probado delito alguno. Para coronar la injusta escena Claudio, Jorge y Jordano se han contagiado de covid y pasarán estas semanas en uno de los espacios menos aptos para sobrellevar la pandemia: conviviendo con baratas, sin ventilación, con humedad y en mayor hacinamiento carcelario que antes, debido a la falta de más espacio para el cumplimiento de los protocolos de aislamiento.
Si bien el pasado 16 de febrero el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio negó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional, se ha alzado una reconsideración a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Concretar este cambio sería una señal de humanidad y justicia. También lo sería que Gendarmería autorice el ingreso de un médico al recinto, tal como hemos solicitado. La integridad de estos jóvenes no puede seguir siendo vulnerada por los organismos del Estado.
Juan Ignacio Latorre
Senador
Camila Rojas Valderrama
Diputada
