Leo Riquelme
En el día en que el Senado comenzó a analizar el proyecto de tercer retiro del 10% de las AFP, el Gobierno anunció una extensión de 10,7 a 13 millones de personas del Ingreso Familiar de Emergencia, que consiste en un pago por tres meses de $100 mil por cada integrante.
El Presidente Sebastián Piñera informó que ahora podrán optar a él el 80% de las personas más vulnerables que estén en el Registro Social de Hogares, independiente de la situación sanitaria de la comuna y sin ningún requisito de tope máximo de ingreso familiar.
"Esto es una ayuda importante, pero sabemos que no es suficiente", concedió el Mandatario, que se comprometió a seguir promoviendo planes para superar la crisis desatada por la pandemia.
El diputado DC Matías Walker aclaró que el IFE actual ya beneficia al 80% y que la diferencia estará en la eliminación "de la letra chica", como llamó a la exigencia de pagos diferenciados según la fase del plan Paso a Paso en que se encuentre la comuna del postulante. La senadora Yasna Provoste criticó que el Gobierno accediera ahora a la extensión y no en la tramitación de la ley, como lo pidieron esa vez.
El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, valoró la expansión, pero añadió que "el problema es el Registro Social de Hogares. El corte en el 80% deja fuera a muchas personas que hoy no califican".
En ello concordó el RN Eduardo Durán. "Insistimos en la universalidad total de las ayudas", pidió. El UDI Juan Antonio Coloma dijo que su partido demanda llegar al 90% más vulnerable. "Se ha ido avanzando, pero lento (...). Esta ayuda por goteo termina confundiendo", planteó.
Piñera dijo que el "IFE reforzado" exigirá un costo fiscal de US$5.500 millones, dinero que diferenció del retiro del 10% de las AFP, que afectará las pensiones y que él desea llevar al Tribunal Constitucional para impedirlo.
Para financiar estos programas sociales Piñera expresó su "voluntad de llegar a un acuerdo" para incrementar la recaudación tributaria "incorporando mayores esfuerzos de los grupos que tienen mayores ingresos".
Horas antes, un grupo de diputados de Chile Vamos se había reunido con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para proponerle un proyecto de impuesto a los "súper ricos 2.0", aludiendo al que empuja en el Congreso la oposición.
A diferencia de este último, que tasa el patrimonio de quienes tengan fortunas por más de US$22 millones, el de los parlamentarios oficialistas se basa en la reforma tributaria que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet y fija tasas para la repatriación de capitales y al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) de 5% para las pequeñas y medianas empresas y de 10% para el resto, para que rijan entre 2021 y 2022.
"Son fórmulas que ocupó la Presidenta Bachelet y funcionaron y que queremos replicar porque recaudan más y hacen menos daño a la inversión futura", dijo uno de sus impulsores, el diputado (UDI) Jorge Alessandri.
Según sus promotores, el proyecto oficialista recaudaría hasta US$20 mil millones, mientras que el opositor ronda los US$6 mil millones.
