Contraloría detectó fallas en contrato y operación de residencia sanitaria
El órgano encontró irregularidades en la administración y en los acuerdos entre la empresa propietaria del hotel Enjoy -San Antonio y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.
La Contraloría General de la República emitió el informe final de la investigación que realizó en torno a la residencia sanitaria que funcionó en el hotel Enjoy-San Antonio durante el año pasado para atender a pacientes con covid-19.
En 11 puntos el principal órgano fiscalizador del Estado enumera una serie de irregularidades que detectó en la investigación que comenzó con el oficio que envió el diputado Andrés Celis, quien cuestionó los contratos con los recintos que funcionaron en la comuna puerto.
En el informe se determinó que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (Ssvsa) subarrendó 69 habitaciones en el hotel Enjoy-San Antonio, y con la empresa San Sebastián Ltda. contrató la entrega de alimentación para los residentes, por separado, lo cual determinó, en total, un pago de $57.120 por persona.
El órgano contralor determinó que esta situación "no armoniza con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad", por los que deben velar los funcionarios.
Cuando se suscribió el contrato -la residencia comenzó a funcionar el 1 de junio- no existía un parámetro en el pago por habitación, luego se fijó un monto de 47.600 pesos más IVA por habitación, lo que incluye alimentación (cuatro comidas diarias), cuatro litros de agua embotellada, mucama, lavandería de vestuario y de ropa de cama y productos de aseo personal.
En el informe se determinó "la existencia de días en que el hotel Enjoy-San Antonio no fue ocupado en su plena capacidad (...), lo que derivó en el pago de algunas de ellas (habitaciones) que no fueron utilizadas, por la suma de $19.527.900".
Tampoco se incluyó en el contrato con Enjoy, según la Contraloría, la limpieza y desinfección de espacios de uso público. "La entidad fiscalizada expone que por tratarse de un contrato de arriendo y no de servicio, no resultó pertinente incluir en el acuerdo de voluntades una cláusula que obligara al arrendador a cumplir el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19", se lee en el informe del órgano fiscalizador.
Sin pauta
La Contraloría verificó que la contratación de las instalaciones no obedeció a una pauta o a una fórmula de criterios o parámetros preestablecidos para respaldar de manera objetiva la elección.
Uno de los aspectos cuestionados es que las habitaciones del hotel tienen alfombras en sus pisos. Para limpiar y desinfectar se requiere un lavado con agua por sobre los 90º C., "proceso que operativamente en las habitaciones de confinamiento resulta impracticable".
Tampoco existirían antecedentes de supervisiones para comprobar la entrega del servicio como residencia sanitaria del hotel Enjoy o de la alimentación.
Además, se afirma que la contratación del hotel se hizo sin autorización de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, sin una previa evaluación del recinto para determinar si cumplía con los requisitos técnicos.
La celeridad en implementar la residencia se explicaría por la emergencia sanitaria. El informe cita un oficio del 2 de junio de 2020, en el cual el delegado de Salud Pública afirmaría que "se debía contar, de manera urgente y a la brevedad, con 150 camas disponibles (…) dado que el territorio jurisdiccional que le corresponde atender habría quedado sin residencia sanitaria", poniendo en riesgo el derecho a la vida de las personas.
Tratos directos
De acuerdo a la Contraloría "se verificó que la aprobación, tanto de las compras directas de alimentación de pacientes, retiro de Reas (residuos sanitarios) y lavandería, como la del contrato de subarrendamiento del hotel Enjoy-San Antonio, fueron aprobadas con posterioridad al uso de ese establecimiento como residencia sanitaria".
Los mencionados tratos directos por servicios de alimentación y retiro de Reas serían por montos superiores a 1.000 UTM (más de 51 millones y medio de pesos), cantidad no autorizada por la ley.
La Contraloría también determinó que está pendiente el pago de facturas de lavandería, eliminación de residuos sanitarios y alimentación, asociadas a los servicios prestados por el hotel por $55.966.107.
En relación a la contratación de bienes y servicios, la Contraloría dice que el Ssvsa en diciembre de 2020 instruyó un sumario para "determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran estar involucradas en la falta de suscripción de contratos asociados a los servicios de alimentación y Reas en la residencia sanitaria habilitada en el hotel Enjoy-San Antonio".
La Contraloría detectó diferencias entre los ingresos y egresos de la cuenta empleada para el funcionamiento de la residencia y errores en el pago del IVA, antecedentes que serán puestos en conocimiento del Servicio de Impuesto Internos.
El coordinador de la residencia, Mauricio Araneda, aseguró que no tuvo contacto con la Contraloría y que "todas las definiciones se tomaron desde el servicio de salud. No podíamos tomar ninguna decisión. Solo puedo dar fe que las personas que trabajaron se sacaron la mugre para dar la mejor atención a los pacientes", afirmó el kinesiólogo.
"Existen muchas irregularidades en la administración. Esperamos como gremio que las autoridades persigan a los culpables del mal uso de los recursos fiscales",
Juan Recabarren
57.120 pesos por persona se cancelaba en la residencia del hotel Enjoy por día.