Residencia sanitaria: pagos por más de $6 millones en piezas no usadas detectó la Contraloría
La investigación no encontró relaciones de interés entre los dueños del hotel Puerto Mayor y los encargados de la contratación del servicio.
En junio del año pasado el diputado Andrés Celis ofició a la Contraloría General de la República para que investigara el contrato entre la sociedad propietaria del Hotel Puerto Mayor y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio para emplear estas dependencias como residencia sanitaria.
El parlamentario tomó como antecedentes una investigación del medio digital Interferencia, donde se aludía a supuestas vinculaciones entre los dueños del centro turístico y la Unión Demócrata Independiente. Según la nota el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio -dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales- emitió una orden de compra vía trato directo por $187.590.950 (IVA incluido) para contratar el Hotel Puerto Mayor, con el fin de utilizar el inmueble como residencia sanitaria en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Este negocio es controlado por la sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada, la cual pertenece a la familia del actual subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia Infante. La familia del funcionario está vinculada con el gremialismo.
Con estos antecedentes el parlamentario por la zona pidió investigar el contrato, donde apuntó a personeros del partido y al encargado de los recintos sanitarios, el delegado provincial del Ssvsa. Celis acusaba conflicto de intereses en el cierre del negocio.
Después de 8 meses , la Contraloría General de la República, encontró varias irregularidades, pero no determinó la existencia de "relaciones familiares de interés entre los miembros de "Inversiones Turismo Transp El Tabo Inmobiliaria y Constructora Ltda.", la dueña del hotel, y el personal a cargo del servicio de salud concluyó el informe del órgano contralor.
Irregularidades
En 10 puntos el órgano fiscalizador resumió las irregularidades detectadas en el contrato y la operación de la residencia que funcionó hasta julio como residencia sanitaria. La Seremi de Salud terminó anticipadamente el contrato.
Entre los aspectos más relevantes la Contraloría determinó que "los tratos directos a través de los cuales se adquirieron los servicios de la residencia sanitaria (RS) y retiro de Reas (residuos) a las empresas "Inversiones Turismo Transp El Tabo Inmobiliaria y Constructora Ltda." y "Procesos Sanitarios SPA", respectivamente, ambos por montos mayores a 1.000 UTM, carecen de un contrato".
El punto más conflictivo que encontró el organismo es "la existencia de pagos efectuados por habitaciones no ocupadas en la RS Hotel Puerto Mayor, por la suma de $6.086.850".
Respecto a la influencia ejercida por la familia propietaria, que tiene vínculos con la UDI, y los responsables de la contratación de la residencia, la Contraloría descartó la denuncia del diputado Andrés Celis.
"No fue posible verificar relaciones familiares de interés entre los miembros de esta (empresa) y el personal con desempeño en el Ssvsa. Del mismo modo, tampoco pudo acreditarse intervención en dicha contratación por parte del actual subsecretario de Obras Públicas, don (el nombre aparece tachado en el informe) y de los demás socios de la referida empresa Inversiones Turismo Transp El Tabo Inmobiliaria y Constructora Ltda.-, ni con don (nombre tachado) miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia y socio de la firma en cuestión, toda vez que tales personeros, al desarrollar sus funciones en entidades que no están relacionadas directamente con el servicio que contrató a la aludida empresa, no existe normativa que permita objetar dicha contratación".
Al igual que en el caso del Hotel Enjoy, la Contraloría determinó que no se usaron pautas para escoger el recinto, que adolece de condiciones sanitarias adecuadas. Se menciona la presencia de pisos alfombrados en las habitaciones, que solo pueden ser desinfectados con procesos más complejos de limpieza.Tampoco se efectuaron supervisiones para "corroborar la correcta entrega del servicio".
Y se estableció que cuando comenzó a funcionar la residencia, no contaba con la autorización de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Reacción
El secretario de la Multigremial del hospital de San Antonio y director regional de la Fenats, Juan Recabarren, comentó, tras conocer el informe, que "lo único que vino hacer la Contraloría nuevamente fue ratificar las denuncias que hemos hecho sistemáticamente los dirigentes del hospital Claudio Vicuña".
Sobre los pagos por más de 6 millones de pesos en habitaciones que no se usaron aseveró que "el servicio de Salud ha sido desprolijo en su rol, que es velar por la salud de los sanantoninos, es decir, que esa plata que se malgastó, pudo servir para comprar más implementos y darle una mejor calidad de atención a los habitantes de la provincia".
El dirigente llamó a las autoridades políticas de la provincia a interponer acciones legales en contra de quienes resulten responsables de estos errores.
Diario El Líder intentó contactar durante el fin de semana al encargado de comunicaciones del hotel, para obtener una versión de la empresa involucrada.