"Ya pasó el primer trámite legislativo donde en la sala se votó a favor de la anulación de la Ley de Pesca. De ahí pasó a la comisión de Legislación y Justicia, que preside el diputado Marcos Ilabaca, del Partido Socialista; entonces ha pasado mucho tiempo y se están haciendo presiones para que el diputado ponga en tabla la anulación de esta ley corrupta que tanto daño le ha hecho a los pescadores artesanales".

Estas fueron las primeras declaraciones que hizo el dirigente regional de los pescadores artesanales Miguel Ángel Hernández luego de la reunión vía telemática que sostuvo junto a otros dirigentes del país con los diputados Jorge Brito (RD) y Marcos Ilabaca (PS).

En el encuentro virtual participaron los dirigentes de la pesca artesanal Hernán Cortés, Jorge Bustos, José Verdugo y el sanantonino Miguel Ángel Hernández, que en la cita con los diputados Jorge Brito y Marcos Ilabaca manifestaron la molestia de los pescadores artesanales por la demora en poner en tabla la nulidad de la Ley de Pesca en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

"Pareciera que a la industria le conviene dilatar los procesos de reforma para mantener los privilegios y por ello se debe avanzar decididamente en la anulación", recalcó Hernández.

Para Hernán Cortés, del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, "la pesca artesanal requiere en forma urgente una nueva Ley de Pesca, sin privilegios, sin corrupción y legítima desde su concepción. Nos parece pertinente no continuar con la lenta tramitación de la llamada Ley Corta porque hasta hoy es solo un blanqueo de la actual Ley de Pesca".

Según contó a Diario El Líder Miguel Ángel Hernández, "los dirigentes le manifestamos a los dos diputados (Brito e Ilabaca) que la pesca artesanal necesita una legislación sostenible. No podemos ser víctimas de las prebendas otorgadas a perpetuidad a siete familias de la pesca industrial. Esta ley corrupta tiene que ser anulada por el bien de los pescadores, pero también por el bien del país y por eso lo que pedimos es la anulación de la corrupta Ley Longueira".

Tras la reunión, los diputados Jorge Brito y Marcos Ilabaca anunciaron su compromiso para derogar la vigente Ley de Pesca.

2 diputados participaron en la reunión vía Zoom con los dirigentes de la pesca artesanal.

Juan Olivares Meza

Frente al acceso al segundo nivel del hospital Claudio Vicuña de San Antonio se realizó una manifestación para exigir un "tratamiento médico adecuado" para Viviana Puente, una madre de cuatro hijos que debido a una insuficiencia respiratoria necesitaba un urgente traslado a un centro de mayor complejidad.

Según Claudia Astorga, presidenta de la agrupación "Las Voces que ya no están", la protesta se originó "en la urgencia que se necesitaba para atender la situación de esta madre que no solamente requiere de un equipo especial para respirar, de una ambulancia adecuada para su traslado y de una cama de un centro de mayor complejidad que el hospital Claudio Vicuña no es capaz de cumplir".

Consiguen cupo

Claudia Astorga informó que "finalmente con una ambulancia especialmente acondicionada, con los equipos respectivos y la cama clínica que Viviana necesitaba, se consiguió un cupo en el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar donde ella fue finalmente derivada".

Falta de especialidades

Claro que la situación puntual de Viviana Puente deja en evidencia una realidad todavía mucho más compleja, que, según explica Claudia Astorga, no se resuelve "con el edificio nuevo (del hospital, actualmente en construcción) porque no hay ninguna garantía de que podamos contar con los profesionales, los equipos y las especialidades que la gente de San Antonio necesita".

"Así como estamos, lo que se está construyendo es un elefante blanco porque un edificio más grande no garantiza las especialidades médicas que San Antonio necesita y eso se lo hemos dicho al director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio".

"Las voces que ya no están" es el nombre de la corporación de la que Claudia Astorga es presidenta y desde ese rol comentó a diario El Líder que "la idea es prestar apoyo a las familias que han sufrido algún tipo de maltrato o algún caso de negligencia médica".

De acuerdo con los datos aportados por la dirigenta, "a la fecha tenemos más o menos unas cien familias que están siendo asesoradas y, por lo que hemos visto, hay patrones que se repiten en cuanto al personal involucrado en los casos que denunciamos. No ha sido una lucha fácil, pero hemos conseguido llevar adelante nuestro objetivo y hemos podido denunciar y visibilizar lo que no funciona bien en el hospital".

Según Claudia Astorga, "las denuncias que hemos hecho desde que formamos nuestra corporación han permitido, por ejemplo, comprobar que la Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias, (Oirs) del hospital de San Antonio simplemente no funcionaba, o funcionaba mal. Esto quiere decir que las respuestas que se daban no cumplían con lo que establece la ley y así lo estableció la propia Contraloría que atendió nuestra denuncia".

"Así como estamos, lo que se está construyendo es un elefante blanco porque un edificio más grande no garantiza las especialidades médicas que San Antonio necesita",

Claudia Astorga, sobre el nuevo hospital