Corte acogió recurso de protección de vecinos por contenedor con explosivos
El requerimiento fue patrocinado por 19 residentes de Llolleo que exigen el retiro de las 25 toneladas de material pirotécnico almacenado en Subcomisaría de Carabineros. Jueces pidieron informes.
"La importancia de presentar este recurso de protección es porque hay toda una comunidad muy grande que está corriendo peligro a cada instante. Por eso es necesario que las autoridades hagan lo que deben hacer, que es resguardar a la ciudadanía y en estos momentos no lo están haciendo".
Con estas declaraciones la abogada Loreto Paulina Jara se refirió a la acción que presentó en favor de los vecinos de Llolleo que exigen el retiro inmediato de un contenedor con 25 toneladas de fuegos artificiales, que permanece en el patio de la Subcomisaría de Carabineros de Llolleo tras ser decomisado en un sitio extraportuario de San Antonio.
Respuesta de la Corte
La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección" y pidió informes de este hecho al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Dirección General de Movilización y a Carabineros de Chile.
Una de las patrocinantes de la acción legal es la activista ambiental y vocera de la Agrupación Ojos de Mar, Liliana Cancino quien ayer afirmó que "este contenedor nos pone en peligro a todos porque no sabemos qué hay en su interior, solamente sabemos que son fuegos artificiales y que es una carga potencialmente peligrosa, pero nadie ha dicho claramente lo que hay ahí".
Cancino se mostró preocupada porque "pasan los días y este riesgo latente. Esto no se trata de una exageración, por algo la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió inmediatamente nuestro recurso de protección".
La ambientalista llolleína contó que tras enterarse de esta situación, los vecinos "nos organizamos inmediatamente y decidimos con el apoyo de la abogada interponer el recurso en menos de 24 horas. Ahora la Corte de Apelaciones les dio ocho días a las instituciones involucradas para que entreguen la información".
Jorge Álvarez, presidente de la Corporación de Desarrollo de Llolleo, afirmó que de parte de la organización civil que comanda hicieron consultas "a Carabineros, a la Municipalidad de San Antonio, a la delegada presidencial en la zona y al gobernador regional, donde dejamos ver nuestra preocupación por este asunto y por la falta de protocolos que resguarden la integridad de los vecinos cuando pasan estas cosas".
El dirigente fue enfático en reclamar que "es muy grave tener ese polvorín en un sector residencial. No sabemos qué tragedia enorme podría ocurrir en ese lugar y por eso hemos hecho saber nuestra preocupación a las autoridades porque esperamos que esto no pase nunca más ya que pensamos que ni los bomberos saben cómo actuar ante una emergencia de la magnitud que podría ocurrir".
Liliana Cancino añadió que "esto que está pasando es noticia, es muy grave, y llama la atención porque pareciera que a nadie le importa".
Enfática, la ambientalista cuestionó que "quizás cuántas veces ha pasado lo mismo y nadie se hace cargo de estos temas. La actividad portuaria nos invade, nos pasa a llevar, nuestra seguridad está en peligro y no tenemos una autoridad que vele por nosotros. Eso es lo que más molesta porque no tenemos ninguna autoridad que haya hecho algo porque se enteran por la prensa de las cosas que pasan en San Antonio".
Experto Internacional
Enterado de esta noticia en Estados Unidos, el experto internacional en emergencias y manejo de materiales peligrosos Jorge Carrasco, quien además es director de Ambipar, una de las empresas de respuesta a emergencias más grande del mundo, dijo que "el problema grave de los fuegos artificiales es una ignición en condiciones de confinamiento. Esto quiere decir que cuando se encuentran almacenados al interior de un contenedor (…) una explosión de un TEU de 40 pies en un área urbana sería una masacre".
"Este contenedor nos pone en peligro a todos porque no sabemos qué hay en su interior, solamente sabemos que son fuegos artificiales y que es una carga potencialmente peligrosa",
Liliana Cancino,, vecina de Llolleo
8 días de plazo dio la Corte de Apelaciones a los organismos involucrados para que elaboren informes respecto al contenedor de la polémica.