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La frase "refundar la policía uniformada" ha rondado mucho en la Convención Constituyente últimamente, pero sin preguntarse si es realmente necesario o solo se hace por ir en contra de la institución.
Por décadas Carabineros de Chile ha sido un símbolo de protección y seguridad de las personas. Uno jamás escucha peticiones de eliminar una comisaría o que haya menos carabineros, por el contrario, las personas siempre piden que ellos estén más cerca de sus comunidades.
Soy consciente de que las policías necesitan una modernización (que ya está en curso), pero de ahí a ser refundadas es un paso innecesario que busca borrar instituciones que, por mucho tiempo, y al margen de casos puntuales de funcionarios que han incumplido protocolos, han llenado de orgullo a nuestra nación.
Ricardo Oyarzún
Historiador
Independientemente de las reformas que se quiera hacer a Carabineros, considero que en estos momentos lo prioritario es "emparejar la justicia". Actualmente existe una discriminación clasista en la forma de abordar los delitos cometidos por uniformados y civiles. El delito es delito "aquí y en la quebrada del ají", sea quien sea que lo cometa. La justicia para cada ciudadano de este pais debe estar en manos de los tribunales civiles y no ser influenciada por: grandes apellidos; el poder económico y mucho menos, por quienes están en puestos de confianza.
Jorge Valenzuela Araya
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por Ariel Henríquez Achurra, abogado.
La Convención Constitucional cumplirá dos meses de funcionamiento. Si bien en una primera instancia se valoraron los avances organizacionales, no deja de ser menos cierto que existe preocupación en cuanto a las potestades ilimitadas -muchas de ellas auto atribuidas- que claramente son contraproducentes para su debido andamiaje. Al respecto, algunas de ellas:
1.- La presión impuesta y la celeridad exigida en el proyecto de Ley de Indulto General a los "presos políticos" (en algunas regiones del sur inclusive desde 2001), el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado y la "inmediata desmilitarización del Wallmapu", a sabiendas que en toda democracia robusta prevalece la institucionalidad, el Estado de Derecho y la separación de los poderes. Cuando lo que se postula es prescindir de un tercero para dirimir un conflicto de relevancia jurídica (Poder Judicial) y se intenta buscar justicia por sí mismo o instaurar la que me "conviene", es porque claramente más de algo no se está haciendo bien.
2.- El mandato ciudadano que se ha pretendido ignorar mediante la censura y el veto (acallando, quitando espacios o derechamente funando) a algunos constituyentes en la deliberación política, simplemente por pensar distinto, arguyendo quienes se inclinaron por esta iniciativa, estándares de supremacía moral y ética, resulta impresentable. La tolerancia no nos exige que nos adhiramos a ideologías que no pregonamos, solo nos pide respetarlas y aceptarlas entre las muchas que existen. Hoy más que nunca en un país polarizado como el nuestro, es ahí donde radica la importancia y el desafío que nos plantea la conversación democrática.
3.- La Convención no puede delegar en la ciudadanía atribuciones que ésta le mandató. Me refiero en lo específico a la implementación de plebiscitos dirimentes para materias que no alcancen los 2/3 de los votos del pleno para ser aprobados, pero superen los 3/5. Haber elegido a 155 constituyentes, los cuales decidieron además aprobar un aumento en sus asignaciones, para que sea a la postre la propia ciudadanía quien termine haciéndoles su pega, no solo parece un abuso, una burla y un despilfarro de recursos, sino también un evidente gesto de desconfianza al electorado, quien depositó en ellos un mandato y una tarea que es indelegable.
No hay dudas que estas líneas son escasas para redactar el errático actuar de la Convención Constitucional "Plenipotenciaria" de la República de Chile o de los pueblos de Chile, como algunos quisieron denominarla.