Omar Enrique Jerez Meza y Jeremy Álex Ramírez Bravo fueron absueltos ayer por sexto tribunal oral en lo penal por la quema y daños registrado en la estación La Granja, en la Línea 4A del Metro, hecho ocurrido durante el estallido social del 18 de octubre de 2019. La fiscalía les arrogaba los delitos de incendio a Jerez y de daños a Ramírez. El año pasado logró condenas, pero como las estimó bajas consiguió anular el juicio.
Leo Riquelme
Tras negar la dilación de una iniciativa propuesta en el gobierno de Michelle Bachelet, el Ministerio de Medio Ambiente anunció su decisión de impulsar una zona de protección para la Región de Coquimbo, que involucra el área de influencia donde pretende levantarse el proyecto minero portuario Dominga.
El anuncio se hizo al día siguiente de que el Presidente Sebastián Piñera debiera explicar la venta que hizo de la compañía en 2010 a su amigo Carlos Délano en un paraíso fiscal, y que involucró una cláusula de no definir protecciones ambientales.
La ministra Carolina Schmidt informó que impulsará un área marina costera protegida de 223 mil hectáreas en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que involucra a la comuna de La Higuera, donde pretende instalarse el proyecto avaluado en US$2.500 millones y que se encuentra aún en tramitación ambiental y judicial.
Schmidt dijo que en 2020 dispuso la creación de una mesa para debatir la idea, que se presentará ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Añadió que la zona a preservar será mayor que la planteada por Bachelet, que cubría 136 mil hectáreas.
El día anterior Piñera, junto con negar cualquier ilegalidad en la venta e insistir en que se trataba de un hecho conocido y sobreseído por la fiscalía en 2017, aseguró que nunca había trabado un intento de proteger la zona.
Ayer, en tanto, la oposición acordó que la próxima semana presentará una acusación constitucional contra Piñera. El diputado PS Jaime Naranjo dijo que se basará en eventuales "faltas a la probidad" y "comprometer gravemente el honor de la nación".
El traspaso, que está siendo revisado por la Unidad Anticorrupción de la fiscalía, plantea dudas respecto a si califica en los plazos en que el Congreso puede discutir acusaciones de este tipo, ya que vencen a los seis meses de acabado el período presidencial, que en este caso fue 2014.
El RN Leopoldo Pérez calificó la decisión como "una borrachera" y Andrés Longton la llamó "poco seria" e "irresponsable" porque faltan antecedentes. Antes, el candidato oficialista Sebastián Sichel dijo que no quedó conforme con las respuestas que dio Piñera el lunes: "No basta con decir que la justicia aclaró algo. Se requiere una aclaración concreta de por qué puede o pudo haber espacio para conflictos de interés".
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, salió ayer a dar explicaciones ante la difusión de un documental de Netflix sobre Colonia Dignidad, en que difunde imágenes de los '90 en que se muestra al entonces senador UDI defendiendo al enclave alemán y a su líder, el pederasta Paul Schäfer.
El secretario de Estado dijo a T13 que las denuncias en ese tiempo "nadie las creía".
En la escena en cuestión se ve a Larraín en el recinto ubicado en la precordillera de la Región del Maule, que entonces representaba. El hecho se dio durante un intento del Gobierno por cerrar el hospital y la escuela del lugar, que era investigado por la policía por presuntos abusos sexuales a menores, violaciones a los derechos humanos y fabricación y venta de armas, todo lo que ocurría bajo el amparo del régimen militar de Augusto Pinochet.
En ese contexto Larraín dijo al micrófono: "Se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tienen derecho a vivir en paz y el respeto a su dignidad como tales. Todo por una denuncia de un menor que se ha formulado contra un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre una pérdida parcial de la visión".
Ayer, el ministro afirmó que "yo fui también engañado" por Schäfer y aseguró que en 1997 cortó toda conexión con Dignidad. "Es muy brutal lo que ocurrió ahí", añadió.
La fiscalía formalizó ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la investigación en contra de cinco ex altos funcionarios de Carabineros y de la exsubsecretaria de esa rama, Javiera Blanco, imputados por el presunto delito de malversación de caudales públicos, asociados a gastos reservados.
En una extensa jornada, la fiscal Ximena Chong acusó a la exfuncionaria del Gobierno de Michelle Bachelet de recibir poco más de 42 millones de pesos entre enero de 2007 y febrero de 2010 por esta vía, que aseguró fue instaurada por quien entonces era director general de Carabineros, el fallecido Alejandro Bernales.
Según la persecutora, Blanco tenía "pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas, dinero que utilizó para distintos fines personales y que le fue entregado mensualmente a través de sobres contenedores de dinero en efectivo en el lugar donde desempeñara sus funciones".
La defensora de Blanco, Paula Vial, calificó la formalización como "un capricho del Ministerio Público, una obsesión", recordando que la fiscalía ha indagado durante cinco años a la exsubsecretaria y recién ahora la imputa.
Vial solicitaba el sobreseimiento de su defendida, lo que no consiguió pues el tribunal accedió a la petición del Ministerio Público y le fijó como medidas cautelares la prohibición de salir del país (arraigo) y la obligación de firmar mensualmente.
En la audiencia también se formalizó por los mismos delitos a los exdirectores de Carabineros Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018), cuyas causas se revisarán en detalle hoy. En diciembre se imputará por igual ilícito a Eduardo Gordon (2008-2011).