Corte ordena pagar a Chile la deuda histórica a 846 profesores
El tribunal interamericano, Cidh, dispuso que cada docente de seis comunas reciba restitución del dinero y una compensación.
Leo Riquelme
Desde la elección presidencial de Patricio Aylwin hasta la de Gabriel Boric la demanda por el pago de la llamada deuda histórica del Estado de Chile por el traspaso a los profesores públicos en 1981 al sistema de AFP ha sido tema de campaña. Y ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le dio la razón a los afectados.
El organismo judicial entregó su veredicto ante la demanda estampada hace dos años por docentes que se desempeñaban en colegios que pasaron a la administración municipal en Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.
En el fallo ordenó que 846 profesores de esas comunas que no recibieron una prometida asignación especial tendrán que recibir de parte del Estado chileno la restitución de dichos montos, que "deberán actualizarse a la fecha efectiva de su pago, tomando en cuenta el reajuste del IPC determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre el 31 de julio de 2020 y el momento en que efectivamente se realice el pago y la tasa de interés máxima permitida para operaciones reajustables a partir de esa misma fecha", reza la sentencia.
Adicionalmente, impone el pago de una compensación de 5.000 dólares a cada docente, que en dinero actual supera los 4 millones de pesos.
La Cidh dispuso que si los maestros beneficiarios han fallecido serán sus herederos quienes reciban la restitución y la compensación.
De acuerdo a la corte, un quinto de los docentes beneficiarios ya falleció y la totalidad tiene más de 60 años, de los cuales pasaron 25 años esperando la comprometida asignación.
"El tribunal consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad", añade la Cidh.
El organismo exigió también que un resumen de la sentencia sea publicada en el Diario Oficial y en un periódico de circulación nacional en un plazo de seis meses. A esto deberá sumar la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional "en desagravio de las víctimas".
1981 año del traspaso de los profesores públicos al sistema de pensiones de AFP.