Crónica
Una gran polémica se produjo luego de la aprobación en el pleno de la Convención Constitucional de dos incisos que consagran los derechos sexuales y reproductivos de los chilenos y que incluyen entre estos el aseguramiento de que el Estado garantice las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las voces que se levantaron ayer contra estas normas fue la de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.
A través de un comunicado se apunta que "esta norma, por sí misma, es un gravísimo atentado a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, más allá de cualquier concepción religiosa. Además, no se establecen condicionamientos ni limitaciones a este derecho, ni se da un mandato al legislador para que lo regule por una ley, con lo cual queda abierto el camino para permitir el aborto a todo evento".
"Establecido el aborto como un derecho constitucional sin ninguna restricción, cualquier ley que pretenda regularlo puede ser declarada inconstitucional. De esta manera, podría darse el caso que fueran abortadas creaturas incluso de siete u ocho meses o a punto de nacer", añaden los obispos.
Finalmente advierte que "de no cambiar esta decisión, la Convención Constitucional pone un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos den su aprobación al texto constitucional que se está elaborando. Lamentamos que la mayoría de los convencionales estén optando por polarizar el proceso constitucional con un tema tan significativo".
Intenso debate
Uno de los argumentos más usados durante la jornada de ayer desde sectores que se oponen al aborto, y que también fue incluido en la carta de la Conferencia Episcopal, fue que al no ponerse límite de tiempo se podrían interrumpir embarazos de siete, ocho o nueve meses.
Ante ello la abogada y convencional Tammy Pustilnick (Independientes no Neutrales) aclaró que "en ningún país del mundo que permite el aborto libre es sin límite de tiempo. La interrupción voluntaria del embarazo será regulada por ley, estableciendo plazos razonables para respetar la vida, salud e integridad de la madre".
Eso significa que deberá tramitarse una ley en el Congreso Nacional, donde la diputada Catalina del Real (RN) ya anunció su oposición: "Yo creo que esto debe ser cambiado urgentemente. Acá por supuesto que no lo vamos a aprobar y espero que los chilenos se den cuenta que se está legislando por el asesinato de niños".
En la posición opuesta se manifestó la parlamentaria Camila Rojas (Comunes), quien argumentó que esto "nos pone a tono con la normativa internacional y sobre todo nos permite responder a necesidades que han sido planteadas durante largo tiempo".
Durante la jornada de ayer también se conoció un informe de la Comisión de Venecia, que recomendó a la Convención Constitucional mantener la fórmula bicameral para la estructura del Congreso Nacional.