Concejales piden a Contraloría que investigue la filtración de chats de la cúpula municipal
El martes siete de los ocho ediles de la comuna presentaron un oficio al órgano fiscalizador regional para que analice una supuesta violación al estatuto administrativo.
El caso de la filtración de las conversaciones de un chat de la cúpula de la alcaldía ciudadana de San Antonio tiene una nueva arista en la Contraloría Regional. Los mismos concejales que el miércoles de la semana pasada presentaron denuncias en la Fiscalía y la PDI para que se investiguen los llamados a quemar el estadio y las amenazas contra el edil José Ibarra, ahora le pidieron al órgano fiscalizador del Estado un pronunciamiento.
"Se presentó un documento el martes por los mismos siete concejales que denunciamos en la Fiscalía y la PDI. Pusimos los antecedentes en la Contraloría para que se pronuncie y resuelva a través de sus unidades respectivas", explicó Manuel Meza, quien suscribió el oficio junto a Paola Améstica, Lorena Zamorano, Valentina Riquelme, José Ibarra, Maximiliano Miranda y Alexis Lizama.
En el escrito se adjuntó la documentación de las denuncias de la semana pasada y toda la información disponible sobre el caso de filtración de las conversaciones por la aplicación entre los cargos de confianza de la alcaldía ciudadana. Se llama a quemar el estadio, frenar el trabajo de las comisiones y se emiten ácidos comentarios sobre el desempeño de los concejales.
El oficio se basa en el estatuto administrativo (ley 18.833), que establece el comportamiento de los funcionarios públicos. "Todos estos dichos, más allá que estén en el contexto de conversaciones de amigos, se emiten cuando estábamos en sesión de concejo y ellos en horario laboral. Unos Whatsapp se envían mientras estábamos votando y ellos mofando. Los directores y funcionarios hacen comentarios. Eso dentro del estatuto administrativo atenta contra las funciones que cumplen", argumentó Manuel Meza.
El citado estatuto sostiene que "los funcionarios, funcionarias, directores y directoras y otros deben mantener una conducta intachable en su calidad de servidores públicos, donde no solo se les obliga al correcto desempeño de las actividades propias del respectivo empleo y de aquellas que se acceda en virtud de tal calidad, sino incluso, afecta al comportamiento privado de él o las funcionarias, en tanto pudiese significar efectos, desprestigiar al servicio o faltar a la lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad en general".
El concejal de la Democracia Cristiana aclaró que "bajo ese precepto se presenta este documento, pues la Contraloría regula las conductas éticas de los servidores públicos las 24 horas del día, los siete días de la semana; uno no deja de ser funcionario, sobre todo si se ostenta un grado, un cargo o una jefatura".
-¿Quiénes integran este grupo de Whatsapp?
-Están identificados el administrador municipal, el director del Daem, directora de Secpla, directora de Dideco, funcionarios y prestadores de servicios, como el jefe de gabinete y el jefe territorial.
-¿En este oficio se agregan antecedentes nuevos como la denuncia de amenazas que hizo la fotógrafa que filtró las conversaciones?
-Eso caminará por otro carril, porque la denuncia la hace ella, que ya no es funcionaria. Nos sumaremos cuando se presenten los antecedentes oficialmente, porque ella develó esta información con hechos gravísimos.
Concejal
En una de las conversaciones del grupo denominado "Con todo sino pa que" se lee: "Concejal Ibarra le queda muy bonita su corbata, podría apretársela hasta que deje de gastar aire".
La amenaza es uno de los hechos que los ediles sanantoninos pidieron que la PDI y el Ministerio Público indaguen.
Consultado por el avance de las investigaciones, José Ibarra contó que hasta ayer no fue requerido por ninguna de estas instituciones. "Fue una forma de los concejales para dejar constancia de esta situación, porque las conversaciones de ese Whatsapp son delicadas y sabemos que existe más información".
Respecto al oficio que se presentó el martes en Contraloría, justificó que "tenemos que llevar los antecedentes hasta donde más se pueda, esto no puede pasar desapercibido, porque esta es una situación grave".
Otro de los chats dice "(es) tán sangrando por la herida porque le pusimos freno a sus comisiones".
Este comentario es uno de los que más preocupa a Ibarra. "Las comisiones hacen un trabajo serio y en pos de la comunidad y del funcionamiento del municipio, entonces cuando ellos denostan un trabajo social, político y administrativo, cuando llaman a frenar nuestras comisiones, es un boicot. Ellos tienen la posibilidad de ejecutar las acciones. Por ejemplo, en mi comisión de seguridad pública, toda la información y análisis que les traspasamos los desecharon", criticó.
Agregó que "hice tres comisiones por el caso de Bombero Molina (ambulantes), temas delicados de seguridad pública, donde participaron la Cámara de Comercio y Carabineros, pero todo ese trabajo en conjunto lo desecharon. Ni siquiera lo leían y frenaron el trabajo. Siete meses trabajando para nada", concluyó el concejal.
"Tenemos que llevar los antecedentes hasta donde más se pueda, esto no puede pasar desapercibido, porque esta es una situación grave",
concejal José Ibarra.