El mapa de los conflictos ambientales en la provincia de San Antonio
Las instituciones ambientales, que llevan entre 10 y 12 años en vigencia, han intervenido en la mayoría de los casos.
En los últimos diez años, los conflictos ambientales han acaparado titulares. Probablemente todo partió con la central hidroeléctrica del embalse Hidroaysén, que no se concretó. A esta le siguieron los fallidos proyectos termoeléctricos de Barrancones y Castilla, y de las mineras como Dominga y Pascua Lama.
Pero lo que empezó como un problema aislado luego fue proliferando por todo el país hasta llegar a la provincia de San Antonio.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) reconoció este año como un "conflicto ambiental" a la disputa por los Ojos de Mar, en la comuna de San Antonio, donde se busca proteger legalmente este espacio ante la expansión portuaria.
El caso llegó al Segundo Tribunal Ambiental, una repartición relativamente nueva en la institucionalidad chilena, que entró en vigencia en 2012.
Otras partieron en 2010 con la Ley 20.417, que modificó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Esa reforma buscó modernizar el modelo existente hasta la fecha y dotar a los órganos de competencias más técnicas dejando de lado (en la medida de lo posible), las decisiones de carácter político.
Así nació el Ministerio del Medio Ambiente, que reemplazó a la Comisión Nacional del Medio Ambiente o Conama, órgano encargado de la política ambiental nacional en Chile y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente o Coremas, entidades encargadas de la votación de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).
Dichos órganos fueron cambiados por los Servicios de Evaluación Ambiental y sus Comisiones Evaluadoras, encargados de la evaluación de los proyectos sometidos al Seia.
Impacto ambiental
Esta entidad ha tramitado 606 proyectos de la provincia de San Antonio, 39 de ellos son de la comuna de Algarrobo, la con mayor cantidad de problemas pendientes. El más notorio es el relacionado a la anexión del Islote Pájaro Niño al continente, que se hizo a fines de la década de los setenta.
En los últimos años la comunidad ha solicitado repetidamente que se retiren los permisos a la Cofradía Náutica del Pacífico, cosa que no se ha materializado.
También se han organizado en torno al humedal El Yali, que buscan proteger del avance inmobiliario, y de los humedales de Tunquén, El Membrillo y San Jerónimo.
Lo mismo pasa en el sector El Rabanal, donde el Movimiento Ciudadano No al Rabanal está "bregando para que un proyecto inmobiliario (…) no se concrete y podamos construir allí un parque comunitario, ecológico, deportivo y de patrimonio cultural, y se preserve como un lugar de invaluable valor".
Ahí ya se han ejecutado faenas, pero fueron paralizadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso debido a que se debía presentar una Declaración de Impacto Ambiental ante el Seia.
Este trámite también estaba pendiente en un vertedero detectado en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova, en El Quisco.
Superintendencia
Allí intervino la Superintendencia del Medio Ambiente, que nació en 2010 para fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
Antes de la creación de la Superintendencia, las multas en dinero que podían imponerse por no cumplir con las autorizaciones otorgadas en materia ambiental eran de hasta 500 UTM, es decir $29.700.000 aproximadamente.
Luego estas se elevaron hasta las 10.000 UTA, es decir, $ 7.237.200.000, más la revocación de las autorizaciones otorgadas, entre otras sanciones.
Desde 2010 hasta la fecha, la Superintendencia ha encargado 110 "procedimientos sancionatorios" en la Región de Valparaíso.
Once se han producido en la provincia de San Antonio.
Entre ellos uno en la comuna de El Tabo, donde se constató la "ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos, que supera los cien mil metros cúbicos totales de material removido entre los años 2012 y 2018, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice".
El material removido "alcanzó aproximadamente 418.707 metros cúbicos extendiéndose por una superficie de 24 hectáreas aproximadamente".
Este hecho es considerado grave, tal y como ocurrió en Tunquén, en Algarrobo, donde se identificó la "extracción industrial de arena en la Playa Grande de Tunquén que supera los cien mil metros cúbicos totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice".
En El Quisco, en tanto, en los últimos días ha cobrado mayor notoriedad el conflicto entre los vecinos de Punta de Tralca y la inmobiliaria La Feria.
La semana pasada, en conversación con Diario El Líder, la delegada presidencial Caroline Sireau manifestó que tras las Fiestas Patrias sesionará una mesa de trabajo convocada por la autoridad para destrabar el conflicto.
Allí los vecinos también reclaman por un conjunto inmobiliario y esperan obtener protección legal mediante la declaración de Santuario de la Naturaleza por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Sireau detalló que "hemos dispuesto instalar una mesa de trabajo que convoque a distintas autorías como el municipio, la Seremi de Medio Ambiente, la comunidad, el Consejo de Monumentos Nacionales y Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) para aclarar cuáles son las distintas acciones que están en curso y establecer un canal de comunicación con la inmobiliaria".
Tribunales
En 2012 vieron la luz los tribunales ambientales, encargados de revisar las demandas por daño ambiental, que previamente eran vistas por los tribunales civiles ordinarios.
En agosto, los ministros del Segundo Tribunal Ambiental realizaron una visita inspectiva en el "Humedal Sistema de Lagunas de Llolleo Ojos de Mar".
La diligencia se desarrolló tras las reclamaciones interpuestas por la Municipalidad de San Antonio y un grupo de vecinos en contra de la negativa del Ministerio del Medio Ambiente de declarar dicha zona humedal urbano.
En enero de este año, el tribunal decretó la paralización de toda obra o faena dentro de los límites del humedal y un estudio adjudicado al Laboratorio de Limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Participación
En las tramitaciones ante el Seia hay espacio a la participación ciudadana.
Si bien los comentarios, consultas y reparos de las comunidades, personas naturales u organizaciones no gubernamentales (ONGs) no son vinculantes para la autoridad ambiental en la evaluación del proyecto, (es decir, no deben ser obligatoriamente consideradas por los organismos correspondientes para tomar la decisión final en la aprobación de una determinada obra o actividad), las consultas sirven para considerar los impactos sociales.
La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, participó esta semana en el seminario denominado "La Iniciativa para el Desarrollo Global: Nuevo Horizonte para la Cooperación China-Chile", donde afirmó que "estamos haciendo esfuerzos por difundir a la ciudadanía la presentación misma de los proyectos, cuando ingresan a evaluación, de manera de incentivar la participación informada, lo que es una demanda muy sentida de las comunidades. Por eso estamos adecuando nuestros sistemas y sacando instructivos al respecto. Los proyectos que van de cara a la ciudadanía son los que fluyen mejor en el Seia, y el diálogo fomenta el clima de inversión".
"Estamos haciendo esfuerzos por difundir a la ciudadanía la presentación misma de los proyectos (...) de manera de incentivar la participación informada",
Valentina Durán,, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
"Los proyectos que van de cara a la ciudadanía son los que fluyen mejor en el Seia, y el diálogo fomenta el clima de inversión".