Seremi de Bienes Nacionales propone sacar bencinera desde la Juan Aspeé
Vecinos tienen que hacer una propuesta para recuperar el espacio.
Los vecinos de la población Juan Aspeé están aburridos de los problemas que genera la presencia de camiones que entran y salen del puerto. Según sus denuncias, la presencia de una estación de bencina en calle O'Higgins con La Playa aumenta una serie de inconvenientes en su vida diaria.
Acompañado por la concejala Valentina Riquelme y el equipo territorial de la diputada Camila Rojas, el seremi de Bienes Nacionales, Tomás Covacich, visitó la población y constató en terreno las "externalidades" que genera la bencinera en el sector, que se emplaza en un bien de uso público a través de un arriendo. El contrato, por 1.638.746 pesos mensuales, se renueva cada cinco años.
"Visitamos la bencinera en la población Juan Aspeé, un lugar que es propiedad fiscal y que, por una administración ineficiente hasta el momento, cuenta con un problema creciente para los vecinos por la enorme cantidad de camiones y otros vehículos que transitan, se estacionan y acarrean externalidades negativas por el ruido, ocupación y desórdenes nocturnos", analizó el seremi.
Considerando los problemas que constató en terreno, la autoridad regional hizo una propuesta. "Para hacerse cargo del problema replanteamos la disponibilidad del espacio a los vecinos, y nos contactaremos con la Delegación Presidencial Provincial (DPP) y otros organismos clave del territorio para generar una estrategia multisectorial de ocupación. No podemos asegurar en qué se va a convertir este espacio, pero sí enfatizar que es una prioridad para la cartera y que continuaremos barajando distintas posibilidades para devolverle paz a los habitantes de Juan Aspeé y condicionar este espacio como un lugar de encuentro, y no de preocupaciones".
La concejala Valentina Riquelme se abocó a "revisar el contrato, porque es un bien nacional de uso público, no puede acarrear externalidades negativas para los vecinos, un terreno fiscal tiene que convivir armónicamente con la comunidad colindante".
La concejala aseveró que el contrato "no incluye condiciones mínimas de mantener el entorno para su eventual renovación, es decir, mientras el titular pagara, se renovaba el contrato. Esta denuncia fue planteada al seremi".
Otras falencias detectadas, como relató la edil, fueron "que esta bomba de combustible no pasó por un proceso obligatorio de un estudio de impacto ambiental. Y el seremi comentó que a la fecha no existen antecedentes en relación a alguna figura legal, como titular del arrendamiento, antes sí estaba identificado. No tienen a quién renovarle. Por lo tanto, el contrato no se renovará, porque a nadie se le puede renovar, produce externalidades negativas y no pasó por un estudio de impacto ambiental, lo que es una falta grave".
La propuesta es recuperar el bien de uso público, pero se debe implementar un proyecto. "El trabajo que tenemos que hacer es levantar una mesa de trabajo con las organizaciones involucradas, como la DDP y los equipos municipales para en un futuro hacernos de este espacio con un enfoque en seguridad y bienestar".
Para definir qué se hará con el terreno se realizará una mesa de trabajo que comienza este viernes a las 12 horas en la Delegación Presidencial Provincial. "Hacemos una invitación a las distintas direcciones de la municipalidad, para que todos podamos trabajar en pro del bienestar de los vecinos, quienes han estado por años golpeados por las externalidades de la industria portuaria. Las autoridades y organismos competentes deben centrar el foco en estos sectores, como Juan Aspeé, que está bastante abandonado, Tejas Verdes y otros sectores de la comuna", sentenció la concejala.
La diputada Camila Rojas aportó que "como equipo quisimos acompañar a la concejala Valentina Riquelme y a los vecinos de la población Juan Aspeé, y poder aportar en la solución de este problema, de un terreno fiscal que está siendo mal utilizado por un privado. Sabemos que para poder mejorar la condición de nuestros vecinos debemos pensar en un nuevo uso del lugar y que sobre todo sea un aporte al barrio".
Vecinos
Para los vecinos de la población Juan Aspeé, entre 150 y 160 familias, la presencia de camiones acarrea una serie de problemas. "Acá hay un servicentro, no nos molesta, pero lo que nos molesta es que no ha hecho nada por mejorar el entorno, porque cuando llegó se comprometió a arreglar. Acá los camioneros defecan en la calle, delante de niños, orinan en cualquier lugar. Aparte el servicio higiénico que tiene la bomba bota todos los desperdicios a la calle. Al lado hay casas, los vecinos sufren con los malos olores, con la bulla de los camioneros en las noches, no viven tranquilos", relató Sergio Ponce, del comité de mejoramiento del entorno.
Luis Pontigo, otro vecino del sector, describió los problemas de seguridad que enfrentan. "Como están los camiones se generan puntos ciegos, las veredas son oscuras, los mismos conductores se juntan a carretear en las noches, mucho ruido, en el invierno mucho barro y en el verano polución. Puntualmente en la bomba se juntan a tomar y es demasiado oscuro. Y los olores, porque los conductores hacen sus necesidades ahí mismo. Hay mal olor siempre, huele como a un gallinero".
Empresario
Rafael Letelier, propietario de la bomba de bencina, no conocía las intenciones del Ministerio de Bienes Nacionales. "Me estoy desayunando con eso. Estamos presentando los papeles para renovar (el arriendo). El seremi se reunió con la gente del sector, quienes reclamaron por la falta de pavimentación de avenida La Playa y por los camiones que se estacionan en la vereda, pero no tengo información de eso. Voy a averiguar", comentó frente a la consulta de Diario El Líder.