Hace unos días se mencionó que la Superintendencia de Salud (regulador operativo y financiero de las isapres) generaría una instrucción, para que las isapres no provisionen un monto relevante de pasivos contingentes, en base a los estándares financieros que rigen hoy (Norma Internacionales de Información Financiera / IFRS). Esta eventual provisión se sustenta en el fallo judicial de fines de 2022, en el que se les ordenó aplicar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso.

Si las isapres provisionan las pérdidas de acuerdo a la norma NIC 37, tendría un efecto de pérdidas o disminución patrimonial, incumpliendo con ello los indicadores financieros definidos por la Super de Salud. En este escenario, los propietarios tendrían que inyectar aumentos de capital o caer en incumplimiento, lo que implicaría quebrar el sistema y dejar sin cobertura a los beneficiarios.

El problema no es que las normas financieras-contables sean rígidas o poco comprensibles con la realidad de eventos económicos, sino que, en este caso, las malas decisiones o acciones del pasado en este sector y por diferentes actores ha hecho que se genere una seudo intervención del regulador, quien ya definió en su momento las reglas de operación del modelo y ahora, cuando le conviene, las exime de aplicación, como ocurre en la situación actual.

Ahora parece "razonable" para el regulador generar una instrucción a las isapres, para que no provisionen el fallo judicial y así evitar las consecuencias negativas. Con esto, si bien se evita, en parte, una crisis, cabe preguntarse cuántas veces habrá que hacer excepciones y si realmente constituye la solución, sino habría que judicializar, aplicar la legislación o asumir criterio realidad.

Guillermo Rebolledo

Profesor UEjecutivos

Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile

Casablanca