La propuesta constitucional pasada abordó distintas temáticas referidas a derechos sociales: el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad social. Desde mi perspectiva, hay un derecho que reviste la misma importancia y que calza perfectamente dentro de estos. En mi experiencia como asesor jurídico en la provincia de San Antonio, no hubo ocasión en que las personas, de diferentes realidades sociales, con cargos dirigenciales o sin ellos, me abordaran para hablar de este tema, siempre con sentido de urgencia. A partir de ello y en ningún caso con ánimo alarmista o punitivista es que creo que el derecho a la seguridad pública debe estar consagrado en la nueva constitución. Darle un rango constitucional a este nos permite generar una obligación a quienes gobiernen de acá en adelante: la de abordar desde la perspectiva más amplia e integral la seguridad y dotar de mayores herramientas, instrumentos y capacidad a las instituciones. Es más, las acciones que se realizan desde el ámbito de lo público deben mirarse con la óptica de una necesaria y urgente "inversión social", no como un mero "gasto". El retorno de la inversión realizada se traduce en algo que no tiene precio: la tranquilidad de las personas. Y el financiamiento es clave. Se puede tener una aproximación de lo que cuesta implementar los derechos sociales y sabemos que, para que la Constitución no se transforme en letra muerta, financiar todos los derechos sociales requiere de tiempo, pero sí tal y como se estableció dentro de las 12 bases constitucionales, donde se señala que "Chile es un estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas". Entonces, no se trata de elegir un derecho por sobre los otros, pero sí debemos saber priorizar lo urgente por sobre lo importante, de acuerdo a lo que nos expresen las mayorías. Los desafíos son grandes y no podemos perder la brújula, trabajemos en una política preventiva de largo aliento, que parta por el fortalecimiento del tejido social de las comunidades, tomando en cuenta su particular realidad social y territorial. Y para ello la garantía es que se consagre en la nueva Constitución.
Gonzalo Andrés Vega Moreno
