La situación sentimental de una diputada, un exfutbolista y una exmodelo son hechos que son y deben quedar en la esfera de la vida privada de las personas involucradas porque se trata de hechos que, aunque mediáticos, no tienen ninguna relevancia jurídica ni política. Sin embargo, en los últimos días se han revelado nuevos antecedentes que tienen un matiz político y de interés general, a saber: la llamada de la diputada Maite Orsini a la generala de Carabineros Karina Soza con ocasión de un procedimiento policial en el que estaba envuelto Jorge Valdivia, al parecer parte del círculo cercano de la legisladora. Consultada al respecto, la generala declara que "este tipo de llamadas son habituales en el contexto del cargo en que se desempeña" y justifica el contacto con la parlamentaria porque "ella le presentó una situación de vulneración de derechos", sosteniendo que "cualquier persona u organización que tenga su número telefónico puede llamarla por la misma causa".
Al margen del respeto a la legalidad en el procedimiento policial en el que se vio involucrado Jorge Valdivia (que por cierto debe esclarecerse, no por ser Valdivia, sino por ser un ciudadano), nos debemos preguntar si corresponde o no que una diputada de la República tome contacto con una alta autoridad de Carabineros de Chile para plantear una situación vivida por una persona cercana a ella y que esta alta autoridad policial de alguna manera intervenga, aunque sea indirectamente, para averiguar lo sucedido y dar una respuesta a la inquietud planteada.
Me parece que en este caso hay un abuso de poder de parte de la diputada Orsini y de la generala Soza, ya que fue utilizada una plataforma institucional para abogar por un ciudadano particular que posee vínculos personales con la diputada.
Jorge Valdivia tuvo acceso a una vía expedita para manifestar su malestar solo por el hecho de ser amigo o parte del círculo cercano de Orsini y eso no es aceptable. Seguramente, si Usted Sr. (a) lector (a) tiene un problema con Carabineros en el contexto de una actuación policial, ningún parlamentario llamará a la general Soza para exponer su situación y posiblemente ningún ciudadano (a) de a pie tenga el teléfono de contacto de la general para denunciar los atropellos a sus derechos humanos, pero el señor Jorge Valdivia sí tuvo esa chance. Considero que la diputada y la generala se han equivocado en este caso y es de esperar que estas prácticas cesen para que realmente sea efectivo el mandato constitucional que dice que "en Chile no hay persona ni grupo privilegiado".
Jorge Astudillo Muñoz
Coordinador de Investigación de la
Facultad de Derecho, Unab
