David Muñoz Castillo

La huelga legal que votó el sindicato de trabajadores de la clínica San Antonio y que partía hoy, se suspendió por al menos esta semana, luego que la empresa a cargo del recinto asistencial, Sanasalud, solicitará una mediación a la Inspección del Trabajo.

De esta forma las partes involucradas tendrán un plazo de cinco días para sentarse a conversar y evitar que la negociación colectiva derive en una paralización de los 31 socios que tiene el sindicato.

El presidente de la organización de los trabajadores, José Becerra, confirmó que "se suspende la huelga, se pidió mediación obligatoria, así que se suspende y hay cinco días para poder llegar a un acuerdo con mediación de la Inspección del Trabajo".

Respecto a los siguientes pasos del proceso detalló que "de no llegar acuerdo ahora y sí ambas comisiones desean seguir dialogando se extendería por 10 días más. De no llegar acuerdo y si no se pide mediación por ambas partes la huelga se haría efectiva el lunes 22 de mayo".

Según explicó el presidente hoy se establecerían las fechas de las reuniones, ya que "nosotros estamos dispuestos al diálogo y a fijar postura con la empresa; aquí ambas partes tienen que ceder. El espíritu del sindicato es llegar hasta las últimas instancias con el diálogo".

Los trabajadores decidieron votar la huelga con un 95,7 por ciento de los socios del sindicato, porque no comparten el mecanismo para ajustar los sueldos. Ellos piden que sea a través del IPC, mientras que la empresa propuso un reajuste con un arancel de Fonasa, que según el presidente del sindicato "no se entiende".

31 socios tiene el sindicato de la clínica San Antonio que negocia para evitar la huelga legal.

Tras entrar en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que endurece las sanciones en contra de las tomas ilegales en nuestro país, el representante del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, explicó que esta situación tiene al Gobierno "corriendo en círculos", esto porque dentro de los artículos de la normativa se le permite, también, a cada chileno que sea víctima una toma, poder defenderse, poder defender aquello que es de ellos. "Una vez más el gobierno se pone del lado de los delincuentes y no de las víctimas", conminó.

El parlamentario aseguró que "ya sabemos de sobra la realidad, necesitamos apoyar a carabineros, necesitamos darle más recursos también a nuestras policías, pero necesitamos también que cada chileno que sea víctima en un lugar donde no tenga a mano alguien que los apoye pueda de defenderse por sí mismo", expresó el parlamentario republicano.

Es por eso, que el legislador del Distrito 7, le hizo un llamado al Gobierno para que "ponga primero las víctimas y no a los delincuentes; y que apoyemos esta ley de uso en usurpaciones lo antes posible".