Juan Olivares Meza

Alrededor de 300 profesores de establecimientos municipales de la provincia de San Antonio respondieron a la convocatoria a paro nacional del Colegio de Profesores con la finalidad de hacer un llamado de alerta al Gobierno por la nula respuesta que han tenido las demandas del gremio, entre ellas el pago de la "deuda histórica" y el pago del bono de incentivo al retiro, entre otras reivindicaciones.

En el caso de San Antonio, la movilización de los profesores, que según datos de los propios dirigentes les permitió acatar el paro en las seis comunas de la provincia, partió con una asamblea realizada en la sede del Colegio de Profesores, ubicada en la calle 21 de Mayo, donde a primera hora se discutió el petitorio presentado al Gobierno en el contexto de esta paralización nacional.

Entregan carta

Más tarde los manifestantes marcharon por Barros Luco en dirección al edificio de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, en Barrancas, donde hicieron entrega de una carta con sus principales demandas. Ingresaron la presidenta del Colegio de Profesores de San Antonio, Bárbara Herrera, y los dirigentes comunales Fabiola García, de Cartagena, y Manuel Araya, de Algarrobo.

Demandas

Al final de ese acto simbólico, la dirigenta Bárbara Herrera explicó a los medios que la convocatoria "a este paro nacional se debe a la poca respuesta e incumplimiento que ha tenido el Gobierno respecto de nuestras demandas. El año pasado teníamos mesas de trabajos que se conformaron justamente con el fin de dar una solución a nuestro petitorio de 20 puntos. Lamentablemente, esto se fue dilatando a tal grado de darnos escasas respuestas y en donde se acortó finalmente el petitorio a ocho puntos importantes".

En esa línea argumental, la presidenta del Colegio de Profesores de San Antonio detalló que su gremio está pidiendo "que se salde finalmente la deuda histórica que tiene el Estado con los profesores desde la década de los '80, porque el Gobierno en su campaña se comprometió a dar solución a esto con una ley de reparación. Sin embargo, hasta el momento no han avanzado en nada y la respuesta que dan es que no se puede hacer debido a que no se aprobó la Reforma Tributaria".

"También solicitamos que se cambie la estructura del financiamiento a uno basal y no por subvención ni baucher, ya que creemos que eso daría solución al estado de abandono en el que se encuentra la educación pública" aseveró Bárbara Herrera, sin descartar nuevas manifestaciones en caso que sus demandas no sean escuchadas.

8 puntos principales tiene el petitorio que los profesores entregaron al Gobierno.

La Dirección Meteorológica pronosticó que en los próximos tres meses gran parte de la zona centro sur del país tendrá lluvias por sobre lo normal, situación que llevó a las autoridades a afinar un plan para enfrentar las contingencias.

Tras participar en una reunión de coordinación con autoridades del Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred), la jefa de la Oficina de Servicios Climáticos de Meteorología, Catalina Cortés, informó que la estimación para junio, julio y agosto es que será el trimestre más lluvioso de los últimos años entre Coquimbo y Magallanes, algo que, sin embargo, no ocurriría en las regiones de O'Higgins, el Maule ni en La Araucanía, donde las precipitaciones se espera que sean menores.

Cortés explicó que tal pronóstico implicará que en la Región Metropolitana se acumulen entre 120 a 200 milímetros de agua, muy por sobre los 13 que han caído a la fecha; mientras que para Puerto Montt, donde han caído 392, se aguardan más de 500 mm.

En el centro sur el déficit promedio de precipitaciones llega al 41,2%, siendo la zona más afectada la Región de Coquimbo, con -98,7%.

La meteoróloga comentó que el pronóstico de mayores precipitaciones va "de la mano" con la presencia en las costas nacionales del Fenómeno del Niño, que se espera se declare en agosto. Esto, aclaró, significará que habrá temperaturas a niveles por "sobre lo normal" en todo el país.

El director del Senapred, Álvaro Hormazábal, indicó que el reporte debe llevar a los municipios a identificar sus zonas de riesgo, catalogarlas y definir junto a los ministerios de Obras Públicas y Vivienda planes de intervención para reducir los posibles impactos en la población.