Desalojo de megacampamento: "Es una olla a presión que puede explotar"
Dirigenta de comité llamó al Gobierno a instaurar una mesa de trabajo para evitar la acción. Según las cuentas de los vecinos, más de 6 mil familias viven en un predio de 259 hectáreas.
El pasado 23 de junio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. por la ocupación ilegal de un predio de 259,8 hectáreas, donde tras el estallido social se instalaron miles de personas en tomas.
El tribunal de alzada determinó que los ocupantes del enorme terreno inscrito en el Conservador de Bienes Raíces como "Hijuela Llo-Lleo" y "Parcela 14" en los cerros La Virgen y Centinela, sectores aledaños al camino viejo a Cartagena y al cementerio Parroquial, deben "hacer abandono de los inmuebles referidos, disponiendo de un plazo máximo de cuatro meses desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres además de las construcciones realizadas en él".
Menos de 100 días quedan para que se ejecute el fallo judicial, que afectaría a unas 2.800 personas de acuerdo a los datos recopilados por el Serviu en su último catastro de asentamientos precarios.
Sin embargo, la cifra sería superior de acuerdo a los datos de los comités que habitan el paño de terreno. "Según nuestros catastros son entre 6 mil y 6 mil 500 familias. Es mucha gente y eso se lo expusimos al gobierno regional. Somos seis mil familias y no pueden dejar a seis mil familias sin hogar, ya que nosotros no somos tomas, somos parte del catastro de campamentos", expuso una dirigente del comité Cerro Centinela, quien pidió reserva de su identidad.
Determinar con exactitud el número de familias es una tarea del Serviu, repartición que tiene los recursos para realizar un diagnóstico en el lugar. En junio de este año el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó de los recursos destinados a las iniciativas prioritarias del programa de Asentamientos Precarios.
Los campamentos a cuantificar son Centinela, Aguas Saladas, Alto Mirador, Manuel Bulnes, Pelancura Oriente, Pelancura, Fuerza Guerrera, Vista Hermosa y otro identificado con un rol.
A ellos se suman cuatro de Cartagena, que también están dentro de las 259 hectáreas.
Conflicto
Si se ejecuta el fallo de la CAV se avizora no solo un conflicto habitacional, sino que uno social de grandes proporciones. "La gente está dispuesta a volcarse a las calles, a hacer manifestaciones, pero no es lo que queremos y es lo que estamos tratando de controlar. Por ahora nos hemos mantenido controlados, hemos llamado a la calma a los vecinos, pero esto es una olla a presión que puede reventar", comentó la misma dirigenta.
Frente a este complejo escenario los pobladores hicieron un llamado. "Lo mejor que puede hacer el Gobierno es tratar de negociar, sentarse con nosotros, con los dirigentes y llamar a una mesa de trabajo de emergencia ahora ya. No podemos seguir esperando por una respuesta, la gente no lo va a tolerar" advirtió la vocera.
Porque, según la dirigenta, "la gente va a pelear por sus espacios, la gente está asentada en los campamentos, construyó una vida, porque este campamento lleva casi cuatro años (...) en un caso de un desalojo masivo va a ser una batalla campal lo que va a suceder", anticipó con preocupación si el diálogo no se impone.
Reunión
El pasado lunes en la sede de la intendencia regional, un grupo de dirigentes de Nuevos Aires San Antonio, organización que congrega a 28 comités que habitan el predio en litigio, se reunió con el diputado Tomás de Rementería.
"Sabemos que sufrimos ese revés judicial, pero les he explicado a los dirigentes que estamos en conversaciones con los dueños del terreno y ellos tienen la disposición de negociar, de sentarse y ver la forma de cooperar con una política habitacional en San Antonio y Cartagena", comentó el parlamentario del distrito 7.
Aportó que "hemos estado también en conversaciones con el Servicio de Vivienda y Urbanismo y con diversas instituciones privadas que han querido ayudar en esto".
El diputado, quien afirmó que "está comprometido para que se dé una solución", explicó que el trabajo se concentra en "la forma de establecer una radicación, que se ordenen, de que se organicen, eso es lo más importante, a través de la obtención de sus personalidades jurídicas y sus fichas de protección social, saber que algunas (familias) serán desplazadas, porque están en áreas que son quebradas, áreas que están delimitadas por emergencias, zonas cercanas a cables de alta tensión".
Preocupación
Ayer la diputada sanantonina Camila Rojas, en la sesión de la Cámara Baja, expuso el caso y su preocupación por la consecuencias que traería este desalojo.
Tras entregar los antecedentes la parlamentaria hizo un cuestionamiento. "El fallo se fundamenta en legítimo derecho de propiedad de la inmobiliaria San Antonio, quienes son los dueños del predio mencionado. No desconocemos la importancia de este derecho, pero la sentencia dictada por la corte autoriza el auxilio de la fuerza pública en caso de no cumplirse".
Y prosiguió: "¿Qué mecanismo podría usar el Estado de Chile para poder darle absoluto cumplimiento a este fallo? ¿Cuántos carabineros tendrían que ponerse a disposición para desalojar por la fuerza a esa cantidad de personas?, y en el mejor de los casos y este operativo se realizara de forma pacífica ¿dónde se van estas cerca de 3.000 familias? ¿quedarían en situación de calle? ¿dejaremos a niños, niñas, adolescentes mujeres, hombres y personas mayores viviendo en la avenida Centenario o en avenida Cartagena?".
Según Camila Rojas, lo ocurrido "habla solamente de la propia incapacidad del Estado para realizar una planificación urbana de forma adecuada y de no poder ofrecer soluciones efectivas a esta problemática que se ha acentuado y profundizado en los últimos años".
Para la diputada sanantonina, "el fallo de la Corte de Apelaciones llega como un balde de agua fría para las familias, que las pone en una posición indeseable, revelando que claramente esta temática no puede tener solo una dimensión judicial (…) hoy se encuentran, no solo viviendo en campamentos, sino que se encuentran con la amenaza de perder su hogar, precarizadas y segregadas por el sistema financiero, y ahora, también por el aparato estatal".
Por ello, para la diputada de Comunes "es imperativo que se aborde esta situación de manera urgente y se implementen medidas que le hagan frente, por lo cual, solicito al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se pronuncie sobre las acciones a seguir", planteó en el hemiciclo.
"La gente va a pelear por sus espacios, porque este campamento lleva casi cuatro años. En un caso de un desalojo masivo va a ser una batalla campal",
dirigenta
