Mónica Jorquera Escobar

Cuando lo detuvieron esta semana, el ya conocido hampón apodado "El Churreta", que es el dolor de cabeza de vecinos de El Quisco y de Algarrobo, le dijo tranquilamente al funcionario de carabineros "no importa cabo, total mañana ya voy a estar en la calle". Sin embargo, esta vez su augurio le falló.

Pese a que el hombre de 25 años, identificado como Juan A.A., ha sido detenido en varias oportunidades y está siendo investigados por al menos cinco delitos, entre ellos algunos violentos como asaltos y portonazos, este no quedó preso por andar delinquiendo, si no porque incumplió una medida cautelar.

En detenciones previas que tuvo "El Churreta", que tiene dirección en El Quisco, se le ordenó que se mantenga con la cautelar de arresto domiciliario total en su casa de la comuna balneario, lo que implica que no pude salir en todo el día de su residencia.

Pese a ello, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Algarrobo, que ya lo conocen de memoria, lo vieron deambulando por esa localidad el jueves en la mañana, antes de las 11 horas.

Por ello, en la intersección de calle Carabineros de Chile con El Retamo, le efectuaron un control de identidad, corroborando que mantenía la orden del tribunal de mantenerse encerrado en su casa, por lo que lo detuvieron por el delito de desacato.

Por eso, el individuo fue formalizado este viernes en el Juzgado de Garantía de San Antonio, donde le comunicaron que estaba siendo investigado por incumplir con el arresto domiciliario que le fue dictaminado en abril pasado por el juez Felipe Contreras, luego de que fuera arrestado en El Quisco por un ilícito de robo en lugar no habitado.

Entonces, el sujeto fue detenido por carabineros de Algarrobo luego de que junto a tres hampones ingresara a sustraer especies desde un supermercado de esa comuna, desde el cual robaron cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, avaluadas en un millón de pesos. Cayó luego de una persecución policial que se extendió por varios kilómetros, culminando en el camino viejo a El Totoral.

Aquella vez también contaba con una orden vigente de detención emanada de un tribunal de Linares.

Prisión

El fiscal Juan Carlos Catalán solicitó que Juan. A. A. fuera puesto en prisión preventiva por su actitud rebelde al ignorar la medida cautelar vigente que con que contaba y tener antecedentes penales.

Según indica la acta de audiencia "previo debate (pues la defensa se opuso) se accede a la solicitud del Ministerio Público y se intensifica la medida cautelar de arresto domiciliario total por la de prisión preventiva", dictaminó el juez Cristina Zubieta, enviándolo al penal de San Antonio.

Además se decretó que se mantenga el plazo de investigación fijado en la otra causa contra el imputado, que es de 60 días contando desde abril, tras lo que la fiscalía solicitará una prórroga.

"Saber que quedó preso es de verdad un alivio, aquí (El Quisco) nos tiene aburridos, porque siempre andaba robando, no se puede dejar la casa sola, las últimas veces supimos que andaba con pistola y que incluso estaba metido en un asalto en que le pegaron a un caballero para quitarle el auto. Lo detenían y al otro día andaba robando de nuevo", dijo una quisqueña.

19 de abril pasado se dictaminó que se mantuviera bajo arresto domiciliario total, lo que incumplió al andar en la calle.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso condenó por estafa a Juan Francisco Toro Garrido y Eduardo Patricio Sandoval Ponce, quienes adulteraron documentos de un loteo de terrenos en Algarrobo, cercano a la playa y perteneciente a la sucesión de Aurelio Catalán, con el objeto de hacerse del predio de manera fraudulenta, vendiéndolo de manera irregular a familiares y amigos.

Por esa acción, el tribunal les impuso una pena de tres años y suspensión de cargos u oficio público durante el tiempo de la condena, mientras que la tercera imputada, Carolina Paz Morales Villalón, no se ha presentado a las audiencias, por lo que se fijó una nueva fecha para el 29 de este mes.

Los condenados cumplirán su pena bajo libertad vigilada, por cumplir los requisitos para ello.

Toro era abogado de la Unidad de Loteos Irregulares, Sandoval era arquitecto de la misma unidad y Morales era la jefa de ambos. Los tres renunciaron una vez que el Serviu descubrió el ilícito e inició un sumario.

Hechos

Los hechos se remontan a los años 2015 y 2016 y fueron descubiertos en 2017, cuando la encargada de la oficina de loteos irregulares alertó que, tras una revisión interna de antecedentes, encontraron cuatro carpetas que contenían adulteración de algunas resoluciones con creaciones de planos respecto al remanente del loteo Aurelio Catalán en la comuna de Algarrobo.

Este remanente correspondía a la sucesión de Catalán, que en este caso eran dos hijos. Se les había loteado dicho remanente, se había inscrito el plano y se habían hecho las inscripciones correspondientes.

De acuerdo a estos antecedentes, Toro habría modificado la resolución del año 1975 del loteo irregular de Aurelio Catalán, que estaba bajo la administración del Serviu Valparaíso, para crear ocho lotes diferentes, los que fueron vendidos o se reasignaron, tras una maquinación fraudulenta, a terceras personas que tendrían algún lazo de amistad o vínculo con este exfuncionario.

Por facultad legal, el Serviu al vender este tipo de lotes realiza una venta solemne por un monto mínimo de mil pesos, es decir, estas personas compraron cada uno de estos lotes por mil pesos.

El fraude se produce porque cada uno de estos ocho lotes tenía un valor de alrededor de 50 millones de pesos, incluso uno de ellos costaba cerca de $80 millones. Para lograrlo se tuvo que modificar la resolución, adulterar documentos, agregar personas para asignarles estos lotes, se creó un plano anulando el loteo original de la sucesión de Aurelio Catalán, lo que provocó que se eliminaran a los herederos legítimos.