Con una masiva marcha habitantes de las tomas rechazan eventuales desalojos
Unas mil personas reunió la protesta convocada para reclamar contra la Ley de Usurpación y la desocupación de terrenos en el cerro Bellavista.
En un imponente despliegue de unidad y determinación, aproximadamente mil personas se congregaron la mañana de ayer en las calles de la comuna de San Antonio para llevar a cabo una masiva marcha que reunió a los habitantes de los campamentos que rodean la ciudad desde fines de 2019.
La toma del cerro Centinela, Pelancura, Placilla y el macro campamento Aguas Saladas lideraron la manifestación cargada de voces aguerridas y pancartas desplegadas, clamando por "justicia y una oportunidad de vida digna".
Los convocados se reunieron en la plaza de San Antonio y desde ahí se desplegaron por la avenida Barros Luco en dirección a la Delegación Presidencial en la plaza de Barrancas, donde entregaron una carta al Gobierno. En el documento, según explicaron, fijan su posición de rechazo a la tramitación de la Ley de Usurpación que pena con cárcel la toma de terrenos y, al mismo tiempo, se oponen al desalojo del campamento del cerro Centinela dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a principios de julio pasado.
En medio de la marcha una mujer que solamente se identificó como Johana, del macro campamento Aguas Saladas, advirtió que "lo que estamos pidiendo es el veto presidencial ante la Ley de Usurpación que condena con cárcel a las personas que se tomen un terreno, un predio o alguna vivienda, y estamos protestando por el desalojo, porque más de 7 mil familias quedaremos en la calle y el Estado qué va a hacer, ¿mirar de la vereda del frente? Ya estuvimos postulando muchos años, ya vivimos hacinados y nos tomamos estos terrenos porque estaban vacíos hace más de 30 años".
La sombra del inminente desalojo abraza a estas familias, donde, según sus propios datos, más de 7 mil hogares enfrentan la posibilidad de quedar en la calle convirtiéndose en una posibilidad devastadora que afectaría a adultos mayores, personas crónicas y niños vulnerables.
En este escenario, según los manifestantes, la esperanza de encontrar una solución viable radica en el Gobierno y la carta entregada en la Delegación Presidencial busca establecer una mesa de trabajo, una instancia de diálogo que hasta el momento ha estado ausente.
Al final de la marcha, Elizabeth Navarro, vocera de los manifestantes, dijo en el frontis de la Delegación Presidencial que "estamos esperando que el Gobierno se haga presente en esto, porque nosotros no vamos a descansar hasta que el Gobierno se pronuncie porque estamos a casi un mes del desalojo y somos más de 7 mil familias con adultos mayores, gente postrada, crónicos, niños, ancianos que no pueden estar en la calle. ¿Adónde nos vamos?, ¿dónde se va a reubicar esa gente?, ¿se van a ir a vivir al centro de San Antonio? Por eso nosotros exigimos que el Presidente Boric se haga presente, porque el único que nos puede ayudar es el Gobierno".
Ultimátum
La dirigenta agregó que en este conflicto "la culpa no es de la gente de la toma, la culpa de que ellos no tengan solución habitacional es del Gobierno. La culpa de que nosotros estemos aquí sin vivir dignamente es del Gobierno y se tienen que hacer presente, porque da lo mismo que sea gente de Santiago o de donde venga, todos tenemos derecho a vivir bien y con dignidad. Tenemos bastantes adultos mayores, tenemos niños, gente postrada, gente crónica, gente que necesita estar en una casa, no las podemos tirar a la calle, hay gente dependiente, insulínica, que necesita oxígeno. ¿Dónde vamos a tirar a esa gente?, ¿a la calle?, ¿o nos vamos a tener que ir en carpas a La Moneda a vivir?".
Elizabeth Navarro fue enfática en explicar que "toda la gente está dispuesta a luchar por su casa, aquí nadie se va a mover de su casa, nadie. Solamente el Gobierno nos puede ayudar y va a tener que llegar sí o sí, porque si no esto va a ser una guerra civil porque si nos desalojan nosotros vamos a parar San Antonio, vamos a paralizar todo el puerto si ellos no nos dan una solución dentro de un mes, porque en un mes es el desalojo".
Elizabeth Navarro,, vocera de los campamentos
"Esto va a ser una guerra civil porque si nos desalojan nosotros vamos a parar San Antonio, vamos a paralizar todo el puerto, todo",
7 mil familias viven en el terreno que debe ser desalojado tras una orden judicial, según datos de los pobladores.
