Corte Suprema ordena indemnizar a víctima de torturas en Tejas Verdes
Se estableció que permaneció 35 días recluido en el campo de prisioneros de San Antonio, en 1974, y que luego pasó por otros recintos del Ejército.
A casi 50 años del golpe militar de 1973, la justicia sigue viendo y resolviendo casos ligados a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Uno de los últimos corresponde al de Manuel Gómez Castro, quien fue detenido en Santiago y trasladado al regimiento de Tejas Verdes, donde permaneció sometido a torturas por 35 días antes de ser trasladado a otros tres centros de detención ilegal.
Luego de demandar al Estado de Chile, la Corte Suprema fijó una indemnización de $40 millones que deberá pagar el Fisco por concepto de daño moral.
La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia del 26 Juzgado Civil de Santiago, que en 2022 estableció que Gómez Castro "fue víctima de prisión política y tortura por parte de agentes del Estado de Chile".
El testimonio de Gómez quedó descrito en el veredicto del Juzgado Civil capitalino, donde contó que "agentes del gobierno me sacaron del trabajo y me llevaron detenido a un lugar desconocido con la vista vendada".
"Estuve dos días detenido en ese lugar, amarrado a una silla, sin alimento y sin agua, donde fui torturado con diversos golpes en todo mi cuerpo, fui amenazado de muerte yo y mi familia", agregó en la causa.
Tras esto fue llevado a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, donde, según su propia descripción, "fui desnudado, amarrado y golpeado".
"Se me aplico corriente en los genitales, en la cabeza, el pecho y las piernas", dijo en la declaración, que también hizo referencia a que Gómez aparece en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -también conocida como Comisión Valech, que lo reconoció como víctima del régimen de Augusto Pinochet.
"Esto duro muchos días. Las sesiones de tortura eran muy largas, perdí el conocimiento muchas veces debido a las torturas, quedé en muy mal estado siempre que fui torturado, fueron tantas torturas que llegué a perder la cuenta", añadió ante el Juzgado Civil.
De vuelta en Santiago, fue llevado el Estadio Chile, donde por dos meses fue sometido a la aplicación de electricidad, entre otros tormentos.
Más tarde lo condujeron hasta la Salitrera Chacabuco, en Antofagasta, donde estuvo por cuatro meses hasta que lo devolvieron a la capital, donde ingresó al centro Cuatro Álamos. Allí se repitió la historia de maltratos a manos de agentes del estado.
Recién en septiembre de 1974, cerca de 9 meses después de su secuestro, fue puesto en libertad tras firmar obligado una serie de documentos donde decía que no había sido sometido a torturas de ningún tipo.
Los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, Haroldo Brito, Jorge Dahm, María Teresa Letelier, Eliana Quezada y el abogado integrante Diego Munita, acordaron de forma unánime revertir lo previamente dictaminado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rebajado el monto indemnizatorio a $10 millones de pesos.
Reparación
La Corte Suprema indicó que es responsabilidad del Estado "reparar adecuadamente" las violaciones a los Derechos Humanos y que "la indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo". "La obligación de reparación es una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los derechos humanos", afirma la resolución redactada por el ministro Haroldo Brito.
