Jesús Farías Silva

Cárcel y multas. Eso está pidiendo la Municipalidad de Cartagena para el dueño de un bazar chino ubicado en la calle Los Suspiros, en el sector de Playa Grande, que funcionaba como "casino clandestino". Además, está acusado de remover los sellos y volver a operar con normalidad tras la clausura del recinto decretado por la autoridad.

En una querella criminal, que fue declarada como admisible por el Juzgado de Garantía de San Antonio, el gobierno comunal acusa el delito de rotura de los sellos y mantención de casas de juego al tener máquinas tragamonedas que están prohibidas por ley.

En el escrito se detalló que mediante un decreto alcaldicio del 19 de abril "se ordenó la clausura inmediata de la actividad comercial clandestina de entretenimientos electrónicos ubicado en calle Los Suspiros N°777 a nombre de Comercial Jixiang Chile Ltda".

Esta resolución se tomó por infringir la ley de Rentas Municipales y "ejercer actividad comercial con patente municipal de rubro distinto a la actividad que se desarrolla".

Siguiendo esa orden, el 28 de abril funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública, Emergencia y Fiscalización, del Departamento de Inspección y de la sección de Rentas y Cobro de Aseo Domiciliario, dieron por cerrado el establecimiento y "colocaron los sellos de clausura y una cadena con candado para impedir el funcionamiento del local".

Pero, esto último no pasó, de acuerdo a la acción judicial.

"El establecimiento en cuestión ha continuado desarrollando las actividades por las cuales fue clausurado, siendo constatada la violación de la clausura, tanto por inspectores de la sección de Rentas y Cobro de Aseo Domiciliario como del Departamento de Inspección, quienes han procedido a cursar las infracciones respectivas a la empresa que desarrolla la actividad clandestina, sin que eso haya tenido ningún éxito en la paralización de su actividad comercial ilícita".

Ante esto, inspectores municipales informaron al Juzgado de Policía Local de Cartagena que cursaron una serie de partes al recinto "por trabajar sin patente municipal (del) rubro máquinas de juegos de azar" los días 2, 8, 9 y 22 de mayo.

La querella también dio cuenta de denuncias efectuadas al mismo juzgado por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, las que fueron presentadas los días 3, 5, 10, 12 de mayo y 16 de junio.

Se acusa que "la actitud del querellado, que se manifiesta en su desobediencia a cumplir la orden de clausura emitida por la Municipalidad de Cartagena, constituye evidentemente un desprecio u ofensa de la autoridad pública".

Denuncia que "su persistencia de explotar un 'casino ilegal´ que, además de constituir un ilícito, conlleva una serie de externalidades negativas que afectan la calidad de vida de las personas que habitan en el sector en que se encuentra ubicado, entre otros motivos por no respetar ningún tipo de horario de funcionamiento".

El municipio argumenta que ni el propietario ni los operadores del local comercial intentaron solicitar un permiso para el juego, ya que el uso de máquinas tragamonedas "es una actividad que, conforme a nuestra legislación, es un juego de azar y estos únicamente pueden ser explotados en casos expresamente autorizados por ley, lo que no acontece en el caso".

Considerando todo lo anterior, solicitaron la imposición de una pena de presidio menor en su grado mínimo, que va desde 61 días a 540 días, y el pago de una multa de 10 UTM ($634.520 con el valor de la unidad de septiembre) por la rotura de los sellos.

Además, piden una "pena de cinco años de reclusión menor en su grado máximo y multa de 20 unidades tributarias mensuales ($1.269.040 con su valor actual)" en contra del empresario "por su calidad de autor del delito consumado de mantención de casas de juego de suerte o azar".

La querella exige enviar los antecedentes al Ministerio Público para que "se despache una orden de investigar amplia a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de determinar participación punible en los hechos descritos, las circunstancias de comisión y que se catastren las máquinas instaladas en el local comercial clausurado".

Finalmente, requiere que "se oficie a la Superintendencia de Casinos y Juegos, remitiendo el catastro solicitado, a fin de que informe si dichas máquinas son de habilidad o destreza" y que, en caso que los querellados no accedan a estas pericias, se haga "la incautación de las máquinas empleadas en la comisión permanente del delito".

La municipalidad no se refirió al tema.

"El establecimiento en cuestión ha continuado desarrollando las actividades por las cuales fue clausurado, siendo constatada la violación de la clausura",

querella.

5 años de presidio es una de las sanciones solicitadas para el dueño del local comercial.