Juan Olivares Meza

En el tejido profundo de la historia, el dolor se convirtió en un oscuro compañero de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue un dolor que, sin fronteras ni límites, se extendió por toda la nación como un lamento constante de familias desgarradas por las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que trajeron consigo el peso insoportable de la incertidumbre y el sufrimiento.

En cada esquina de Chile, por cada rincón de la Patria y callejuela de este puerto, el dolor tiñó de amargura los rostros de aquellos que perdieron a sus seres queridos, y se anidó para siempre en los corazones de quienes, a pesar del miedo, siguen alzándose para, al menos, mantener viva la memoria.

Acribillados

El 22 de septiembre de 1973, un doloroso rincón del camino entre San Antonio y Bucalemu de la comuna de Santo Domingo, fue testigo de cómo el dolor se convirtió en el arma letal de la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet, cuando seis hombres, todos ellos sindicalistas, fueron ejecutados sumariamente por personal del Ejército.

Aquel aciago día fueron asesinados los dirigentes portuarios, Héctor Rojo Alfaro, 43 años, dirigente nacional del Sindicato de Estibadores, secretario de la Confederación Marítima de Chile (Comach) y de la Federación Internacional del Transporte, militante del Partido Comunista; Samuel Núñez González (49), dirigente de los Estibadores de San Antonio y militante del Partido Socialista; Armando Jiménez Machuca (38), director del Sindicato de Estibadores, militante del Partido Socialista; y Guillermo Álvarez Cañas (49), presidente del Sindicato de Estibadores de San Antonio, militante de la Democracia Cristiana.

Junto a los dirigentes de los trabajadores del puerto fueron asesinados el obrero y militante del Partido Socialista Fidel Alfonso Bravo Álvarez, de 22 años, y Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla, de 49, secretario regional del Partido Socialista de San Antonio.

Estos sanantoninos, cuyo único crimen fue su compromiso con la causa de la justicia social y la democracia, se convirtieron en víctimas de un régimen abyecto que desde el primer día utilizó el dolor como su principal instrumento de control.

Y es que el dolor, en el contexto del golpe de Estado en Chile, fue una fuerza omnipresente que permeó todos los aspectos de la vida de los chilenos. Desde el bombardeo al Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente electo Salvador Allende, hasta las ejecuciones sumarias como las que ocurrieron en San Antonio y en todo Chile, el régimen militar buscó sembrar el dolor en los sectores populares de la sociedad chilena.

La mentira

La versión oficial de los hechos, contenida en el Bando Nº 26, emitido por la Escuela de Ingenieros Militares y publicado el 23 de septiembre de 1973, presentó a las víctimas como "extremistas" que habían intentado escapar mientras eran trasladados a un campo de prisioneros en Bucalemu.

Sin embargo, el análisis detenido de los hechos permitió demostrar la crueldad y mentiras sobre la que se construyó esta versión, en la que se alegó que estos hombres desarmados y bajo fuerte vigilancia militar trataron de escapar, un argumento que en sí mismo resulta difícil de creer. Además, no existe hasta la fecha evidencia sobre la existencia de un campo de detenidos en Bucalemu en ese momento que, aunque pudo existir, ese argumento de todos modos socavaba la credibilidad de la versión oficial.

Por otro lado, el estado físico de las víctimas también desacreditaba la versión oficial. Raúl Bacciarini, por ejemplo, tenía ambas rodillas rotas, lo que le impedía moverse por sí solo, mientras que Guillermo Álvarez había sido sometido a una cirugía mayor poco antes de su detención y estaba gravemente enfermo, por lo que resulta inverosímil que estas personas intentaran escapar desde un camión cargado con militares armados.

El Informe Rettig, entregado el 9 de febrero de 1991 por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile durante la dictadura, develó la brutalidad de las ejecuciones ya que "los cuerpos de las víctimas llegaron a la morgue de San Antonio con heridas de arma blanca y con impactos de bala hechos post mortem, lo que sugiere una intención de ocultar la verdad detrás de sus muertes". Los protocolos de autopsia desaparecieron misteriosamente, y aquellos que intentaron exponer la realidad fueron detenidos.

La ausencia de una investigación judicial o interna del arma utilizada en los hechos vino a reforzar la conclusión sobre estas ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes del Estado que al margen de cualquier proceso legal violaron los derechos humanos de estos hombres; abriendo una huella indeleble en la historia del sindicalismo en San Antonio.

Una herida abierta

Rodrigo Tobar Astorga (32), profesor de Historia y Geografía y licenciado en Historia, Educación y Magister en Historia de Chile Contemporáneo, llegó a este caso por sus estudios de post grado y gracias a la colaboración del ex trabajador portuario y dirigente social sanantonino, Rubén Meza, pudo llegar a la intimidad de un hecho local que se transformó en legado nacional ya que al asesinato de los dirigentes portuarios de San Antonio derivó en la instauración del Día Nacional del Trabajador Portuario.

-¿De qué se trata este hecho tan doloroso donde fueron asesinados estos dirigentes?

-El 22 de septiembre del año 73 ocurre este asesinato, son asesinados cuatro dirigentes del Sindicato de Estibadores, hubo un quinto dirigente que se salvó. Había un conflicto en el puerto, un conflicto de tipo laboral, un conflicto entre los portuarios y la dictadura, porque los militares tomaron control de los puertos, entonces la jefatura de zona en Estado de Sitio dio la indicación de reducir las cuadrillas de trabajadores y estos dirigentes se negaron a esa reducción porque ellos querían hacer respetar el acuerdo que tenían con la Cámara Marítima, que habían tomado a principios de año. Todos los años tomaban un acuerdo de la nombrada y ellos tenían muy claro cuántas personas se necesitaban en cada turno para las faenas y ese fue el "gran delito" que cometieron ellos para la dictadura.

-¿Qué pasó entonces?

-Bueno, el 22 de septiembre los tomaron detenidos, a uno de ellos, a Héctor Rojo, lo tomaron detenido en el sindicato, a los otros los van a buscar a sus casas. Armando Jiménez se presentó voluntariamente en la tarde porque cuando fueron a su casa no estaba y dijeron que lo buscaban para una reunión para resolver ese conflicto y al otro día aparece el "Bando número 26" con esta versión militar de que mientras los trasladaban a un supuesto campo de prisioneros en Bucalemu intentaron escaparse y les aplicaron la Ley de Fuga. Estos asesinatos abrieron una herida de dolor dentro de la comunidad porque al final estos dirigentes no eran cualquier dirigente, eran los dirigentes del sindicato más fuerte y más importante que había en el puerto de San Antonio y en San Antonio mismo; fue una especie de amedrentamiento a inicios de la dictadura para decirle al resto lo que les podía pasar si no acataban las órdenes y así de alguna forma empezar este desbaratamiento del movimiento sindical.

El próximo jueves Rodrigo Tobar presentará su libro "Villa Italia, 50 años a la memoria de los mártires estibadores del puerto de San Antonio", donde recoge esta historia y los testimonios de familiares, amigos y vecinos.

La Memoria

El año 2006 se inició un proceso judicial que en 2008 dictó sentencia por homicidio calificado en el caso de Armando Jiménez y recién en 2011 se dictó una condena contra el general Manuel Contreras y el mayor David Miranda por los homicidios de los seis sanantoninos ejecutados el 22 de septiembre de 1973.

Estos asesinatos, además, dieron origen a la conmemoración del Día del Trabajador Portuario que se instauró oficialmente cada 22 de septiembre con la Ley Nº 20.773 de 2014, porque finalmente el dolor no pudo callar la obstinada memoria.

Porque hoy, medio siglo después, el dolor de aquellos días oscuros sigue vivo en la memoria colectiva que se transformó en porfiada resistencia, una memoria viva que se niega a olvidar las heridas infames de la dictadura.

Y como no hay justicia que pueda reparar un dolor como este que relatamos, por lo menos queda la memoria. La porfiada y necesaria memoria.

"Los cuerpos de las víctimas llegaron a la morgue con heridas de arma blanca y con impactos de bala hechos post mortem, lo que sugiere una intención de ocultar la verdad",

Informe Rettig

"Fue un amedrentamiento a inicios de la dictadura para decirle al resto de las personas lo que les podía pasar si no acataban las órdenes",

Rodrigo Tobar Astorga,, profesor e historiador local