Mónica Jorquera Escobar

Para dar con los autores de los rayados que manifestantes hicieron en los muros del edificio consistorial del municipio de San Antonio, esa repartición presentó una querella criminal contra "todos quienes resulten responsables" por el delito de daños.

La acción judicial interpuesta por la abogada de la Municipalidad de San Antonio, representada por la alcaldesa Constanza Lizana Sierra, solicita que el Ministerio Público investigue dicho ilícito ocurrido el pasado miércoles 20 de septiembre, cuando unos desconocidos rayaron con pintura roja muros del edificio de Barrancas.

"Un grupo de personas concurren al edificio consistorial (…) a la sesión del concejo municipal que se estaba llevando a efecto, quienes una vez que finaliza esta y tras una serie de altercados producto de una manifestación de un grupo de extrabajadores de la empresa Phoenix Paisajismo Ldta. (quien prestó servicios al municipio hasta el 31 de julio de 2023), se dirigen al ala sur del municipio en donde, a lo menos tres personas (dos mujeres y un hombre) de una bolsa negra sacan unas latas de spray de color rojo y comienzan a realizar rayados en las paredes del edificio municipal, con mensajes como: 'Entregenos (sic) los trabajos', 'quiero mi pega' y "alcaldesa dejese (sic) del abuso de poder'", se redactó en la querella.

En el documento se apunta a que los grafitis, "provocaron daños materiales al edificio consistorial, los cuales deberán ser reparados por esta entidad edilicia".

Se agrega a que "debido al actuar imprudente de un grupo de personas evidentemente (se) ha alterado la seguridad de los funcionarios municipales, entendiendo esta como la legítima expectativa de la comunidad de que se protejan y garanticen las condiciones mínimas para su desarrollo, de tal manera de vivir sin temor, en el caso de marras que los funcionarios puedan desarrollar sus funciones de manera tranquila y segura".

Indemnización

En la misma acción judicial presentada en el Juzgado de Garantía de San Antonio se solicita al Ministerio Público que despache una orden de indagar los hechos a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile con fin de identificar a quiénes cometieron los rayados y anuncian desde ya que también demandarán a los implicados para que respondan monetariamente por los perjuicios.

Así, solicitan al tribunal "tener por interpuesta querella criminal (...) por el delito de daños (…), acogerla a tramitación, declararla admisible, remitirla al Ministerio Público, a fin de que este persiga los delitos antes descritos, formalice investigación por los mismos en contra de los querellados, practique las diligencias que se solicitan y otras que se deriven de la investigación, formalice acusación e inste en definitiva por la aplicación del máximo de la pena que la ley contempla para los delitos cometidos".

En el documento se agrega que "sin perjuicio de la condena, (también se les castigue con) pago de las indemnizaciones civiles que en su oportunidad procesal demandaremos para obtener la reparación de los perjuicios sufridos por mi representado, todo lo anterior con expresa condenación en costas".

Hasta el cierre de esta edición la querella no había sido declarada admisible por el Juzgado de Garantía local dado un pequeño error en que no se indicó la comuna en que queda el edificio consistorial.

El conflicto entre extrabajadores de la empresa de áreas verdes que fueron contratados por la nueva empresa y el municipio sanantonino sigue en pie dado acciones judiciales cruzadas.

"Se dirigen al ala sur del municipio, donde, a lo menos tres personas (dos mujeres y un hombre) de una bolsa negra sacan unas latas de spray de color rojo y comienzan a realizar rayados en las paredes del edificio municipal",

extracto de la querella criminal

20 de septiembre pasado un grupo de protestantes rayó el edificio consistorial.

Exigen clausura de parqueadero ilegal de camiones en Tejas

Frente a una denuncia de vecinos del sector de Tejas Verdes, comuna de San Antonio, el diputado Andrés Celis (RN) se presentó en el lugar para constatar en terreno la situación que afecta a los pobladores.

El parlamentario dijo que "estamos en la comuna de San Antonio, sector Tejas Verdes de Llolleo Esto es una zona residencial, pero se ha convertido en un parqueadero de camiones, lo que ocasiona ruidos, las personas no pueden dormir, el estilo de vida está absolutamente alterado, la tranquilidad que había antes también está vulnerada. Han ido al municipio de San Antonio, oídos sordos, han ido a la oficina de medio ambiente, les han cerrado la puerta".

Según Celis se realizaron algunas acciones: "Hemos logrado ahora que los reciba la Seremía de Salud, hay un compromiso que van a clausurar este lugar porque no tienen patentes, el plan regulador prohíbe que aquí funcione, se instale un parqueadero, donde puedan estacionar camiones".

El diputado concluyó asegurando que "en el rol de fiscalizador vamos a seguir estando en terreno y poder estar en cada lugar, en cada sector, para que la gente pueda vivir tranquilamente como se merece. No estamos haciendo ni nada más ni nada menos que se respeten los derechos y las garantías que tienen cada persona".