Rechazan proyecto de ley de Borde Costero
Organizaciones ambientales exigen una legislación que proteja de manera efectiva la zona costera y que ante todo preserve su carácter público.
En lo que se puede interpretar como un acto de unidad y compromiso con la preservación de nuestro entorno costero, diversas organizaciones y agrupaciones ciudadanas alzaron la voz en un enérgico rechazo al proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, a través de una declaración pública, que representa una posición unificada sobre la defensa de la integridad de la vida humana y la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.
Yacky Peters, presidenta del Comité Ambiental de El Tabo, destacó la convergencia de estas organizaciones en la protección de la zona costera al comentar que "son organizaciones en su mayoría medioambientales, pero también organizaciones de pueblos ancestrales que están también en el cuidado de sus territorios, justamente por la visión que tienen".
La crítica central al proyecto de ley recae en su tendencia hacia la privatización del litoral, desafiando los principios ecosistémicos y precautorios consagrados en la ley marco de Cambio Climático. Además, se cuestiona su enfoque en la prevención de desastres naturales, que podría poner en peligro la seguridad de la población.
En este sentido Yacky Peters fustigó que "la ley de Borde Costero y Concesiones Marítimas que está avanzando es una ley que robustece las concesiones marinas; entonces, desde esa perspectiva, no tiene una idea acerca del uso público, entendiendo como la zona costera un bien de uso público, sino que más bien va en el camino hacia la privatización de las zonas costeras"
El proyecto de ley, reclaman las organizaciones, desnaturaliza el carácter de bienes comunes de los espacios costeros, los cuales, por su propia condición, están destinados al uso común, libre y gratuito de todas las personas.
En este sentido las organizaciones sostienen que se requiere con urgencia una ley de Costas que proteja efectivamente la zona costera, en lugar de un régimen de concesiones que favorece un "extractivismo desmedido".
En palabras de la presidenta del Comité Ambiental de El Tabo, "nuestra costa no está protegida como territorio singular, sólo se reconoce un borde y este es objeto de uso indiscriminado. Esta falta de protección ha llevado a la depredación de playas, humedales y campos dunares sin la intervención del Estado".
En el mismo tono, la declaración pública subraya la necesidad de un ordenamiento territorial específico para la zona costera de Chile, que resguarde sus ecosistemas y su identidad territorial, además de reconocer su carácter público con acceso libre a sus playas, considerándolas bienes de todos los ciudadanos del país.
De esta forma las organizaciones decidieron unir fuerzas para resistir un proyecto de ley que perciben como un retroceso en la protección costera y contrario a una visión integral y ecológica del borde marino.