Matías Gatica Lindsay

A sólo un día de que el Pleno del Consejo Constitucional termine de votar las enmiendas ingresadas al anteproyecto presentado por la Comisión Experta, continúan las tratativas entre partidos para intentar destrabar el proceso que según las encuestas cuenta con una baja aprobación. En ese contexto el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, pidió que derecha e izquierda cedan para "cerrar este capítulo".

"Es importante que todos, desde el Partido Comunista hasta Republicano, pongan todo lo mejor de ellos para que efectivamente los que tengan que ceder algunas cosas y algunas posiciones lo hagan en función del país. Yo creo que Chile merece cerrar este proceso constitucional porque también genera incertidumbre para los inversionistas a largo plazo", dijo el empresario a radio Cooperativa.

"Se requiere ceder más, conversar más, para que lleguemos a una Constitución que realmente sea amplia, que tenga legitimidad. Imagínense que, si además se puede firmar en democracia, con mayor razón", cerró.

Ayer el Consejo Constitucional votó las normas ingresadas al Capítulo XI sobre la Contraloría General de la República. Allí destacó el rechazo con 11 votos a favor de Chile Vamos, 13 en contra del oficialismo y 26 abstenciones de republicanos y consejeros RD al inciso 3 del artículo 189, que señalaba que "la Contraloría General de la República estará compuesta, además, por un Consejo Técnico Asesor que ejercerá la competencia establecida en esta Constitución", lo que había sido previamente cuestionado por el contralor Jorge Bermudez.

Sobre ello, el consejero Luis Silva (Rep) dijo que "había una disposición que se pidió votar separadamente que para nosotros era muy importante, que era que los integrantes de este consejo no pudieran referirse a las materias propias de su cargo fuera de las reuniones. Frente al riesgo de que se cayera, dijimos 'esto para nosotros es esencial, por tanto, se aprueba todo o nos abstenemos' y eso ocurrió".

En el Capítulo XII se aprobó que "el Banco Central es un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, cuya composición, organización, funciones y atribuciones las determinará una ley institucional".

A partir de las 18:00 horas del viernes y hasta las 6:00 horas del domingo, seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas por el corte de suministro de agua potable debido a los trabajos que se están realizando para la construcción de la Línea 7 del Metro.

El agua se cortará por 37 horas en las comunas de Independencia, Recoleta, Renca, Conchalí, Santiago y Providencia.

El director de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, aclaró que la medida se tomó para este fin de semana largo "para tener la menor afectación posible a los ciudadanos en su conjunto, privilegiando el trabajo de noche, de manera que sea más corto".

A su vez, informó que el corte afectará a 165 mil clientes de la empresa, es decir, aproximadamente unas 550 mil personas, a quienes llamó a que "junten agua en sus casas, para evitar desplazarse a los puntos de abastecimiento alternativo". En caso que no logren juntar agua, dijo que habrán 80 estanques, abastecidos por 30 camiones aljibes.

El seremi de Salud, Gonzalo Soto, dijo que están trabajando con los servicios de agua potable, Senapred y municipalidades para "garantizar la continuidad del servicio" en 12 centros hospitalarios en esas comunas.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió ayer el veto realizado por el Gobierno a la Ley de Usurpaciones, despachada el 30 de agosto y que hoy volverá a ser discutida en el Senado, con los cambios ingresados por el Ejecutivo.

A primera hora, en radio Agricultura, efectuó un mea culpa sobre su alusión a las "usurpaciones pacíficas" que hizo en la víspera, aclarando que quería referirse a las usurpaciones no violentas, que están reconocidas en la legislación y el Código Penal. "El término correcto es no violenta, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió nomás", dijo.

Más tarde, en la discusión sobre la extensión del Estado de excepción en la Macrozona Sur, Tohá criticó que el debate se dé "como reacciones a reacciones de reacciones" y aclaró que se mantendrá la pena propuesta por el Congreso para la usurpación con violencia y para la que genera daño en los bienes.

Para las no violentas, que serán aquellas en que "no se destruyen cosas, intimidan o lesionan personas, se establece una pena que va desde cárcel a una multa (...) El juez tendrá que decidir".

Agregó que si el predio fue usurpado antes, "debe preferirse la pena de cárcel"; mientras que en caso que la persona entregue voluntariamente el bien, "se le da una indicación al juez de que considere preferir la multa".