Carlos Contreras vuelve a prisión preventiva por otro caso de una fundación
El exseremi de Vivienda de Antofagasta fue imputado por 4 delitos de fraude al Fisco por la suscripción de convenios presuntamente irregulares con TomArte.
Matías Gatica Lindsay
El Juzgado de Garantía de Antofagasta volvió a decretar ayer la prisión preventiva para el exseremi de Vivienda de la zona, Carlos Contreras, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser formalizado por tres delitos de fraude al Fisco en el caso Democracia Viva. En esta ocasión se le imputó este mismo ilícito en la suscripción de convenios con la fundación TomArte.
A poco más de un mes de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera cambiar la cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario para Contreras y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, el exseremi volvió a ser formalizado, pero esta vez en otra arista del Caso Convenios.
Según detalló el fiscal Juan Castro Bekios, a Contreras se le imputan cuatro delitos de fraude al Fisco en la suscripción de cuatro convenios entre el Ministerio de Vivienda y TomArte en 2022, en una causa similar a la de Democracia Viva.
En la audiencia el fiscal Cristián Aguilar señaló que estos convenios fueron suscritos para obras de habitabilidad primaria en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, los cuales, según el persecutor, se firmaron con graves faltas a deberes y facultades, y sin que la fundación cumpliera los requisitos mínimos para recibir los fondos, lo que habría generado un perjuicio al Fisco por más de $526 millones.
Según dijo Aguilar, el ex seremi intervino de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, pues instruyó que se invitará a TomArte a la nómina de fundaciones consideradas para recibir dineros en 2022.
De esta manera el tribunal determinó que la libertad de Contreras constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, determinó dejarlo en prisión preventiva y fijo un plazo de 75 días para que se realice la investigación.
Previo a la resolución Contreras dijo a La Tercera que estaba "tranquilo y espero que la investigación considere los antecedentes del manual de transferencias y establezca que no tuve potestad administrativa para cometer fraude".

