Jueza descarta vulneración de garantías a Jadue por viaje frustrado
Tribunal no acogió la postura de la defensa del alcalde, que acusaba que la Alerta Temprana emitida ante su vuelo a Venezuela no existía en el sistema.
L. R. C.
La magistrada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Katherine Román, rechazó ayer el recurso por presunta vulneración de garantías presentado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien aducía la ilegalidad del procedimiento que lo llevó a frenar un viaje programado para Venezuela cuando estaba en el aeropuerto.
La defensa del excandidato presidencial del PC sostenía que junto a la PDI la fiscal Giovanna Herrera amenazaron al jefe comunal informándole el miércoles que si viajaba solicitarían una orden de detención en su contra, supuestamente a fin de hacer cumplir su comparecencia en una audiencia fijada para fines de mayo por una serie de delitos relacionados con su presidencia de la Asociación de Municipios con farmacias populares.
Ayer la jueza estimó que "no ha existido, ni fundamentado, la vulneración a la igualdad ante la ley. El fiscal ha manifestado que también se ha levantado esta Alerta Temprana para los demás involucrados".
Asimismo, añadió que "no existen antecedentes para asegurar la vulneración de libertad personal en contra de Daniel Jadue", pues la Fiscalía sólo "le notificó que 'o desistía del viaje o se emitiría una orden de detención en su contra', lo cual no constituye una prohibición, ni afectación de un tribunal".
Jadue y su abogado, Ramón Sepúlveda, afirmaban que la "Alerta Temprana" que le mencionaban los detectives para hacer la consulta sobre el viaje al Ministerio Público "no existía" en el ordenamiento jurídico nacional.
Sin embargo, ayer el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que se trataba de una "herramienta que existe en coordinación con la Policía de Investigaciones, específicamente Extranjería, que tiene por objeto alertar los traslados migratorios de personas que son objetos de interés en la persecución penal a muy distinto nivel".
Según él, se requirió el mismo día en que se solicitó la audiencia. "Es una medida habitual, existe hace muchos años y está utilizada en todos los ordenamientos jurídicos", dijo.
Temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había dicho que en el procedimiento seguido sólo relacionaba a la PDI y a la Fiscalía, no al Ejecutivo.