Corte rechaza recurso de vecinos para detener tronaduras en obras de variante
El tribunal desestimó la acción legal presentado por residentes de Altos de Santo Domingo contra el uso de explosivos en la variante San Juan.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de protección presentado por vecinos de Altos de Santo Domingo contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Sociedad Concesionaria Ruta de la Fruta S.A., el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente.
La acción denunciaba cambios al proyecto "Concesión Ruta 66 - Camino de la Fruta" que, según los afectados, habrían provocado graves perjuicios ambientales y sociales en el tramo conocido como Variante San Juan, ubicado entre Las Brisas y Barrancas.
En el escrito, los residentes acusaron que la obra fue modificada significativamente, incluyendo la planificación de 86 tronaduras en siete áreas, más de 40 de ellas frente a sus parcelas, sin realizar la correspondiente evaluación en el Sistema de Impacto Ambiental (Seia). Según el documento, "se modificó el proyecto sin previa evaluación de su impacto ambiental, por cuanto el otorgamiento de la Resolución de Calificación Ambiental data de 2013", y los ajustes introducidos, como el uso de explosivos, no se ajustaron a las normativas vigentes.
Asimismo, señalaron que "se instalaron barreras acústicas que no cumplen con las características señaladas en la Resolución de Calificación, y que se hallan adosadas a los cercos perimetrales de las parcelas sin autorización de sus dueños". Estas estructuras habrían sido retiradas tras las quejas, dejando los cercos dañados, situación que persiste.
El tribunal concluyó que el recurso de protección no era el medio adecuado para resolver este tipo de disputas. En el fallo se indicó que "nos encontramos en presencia de un asunto no pacífico, que requiere de un proceso de discusión y prueba, que excede a la presente acción constitucional, de suyo breve y concentrada".
Además, la Corte subrayó que existe una institucionalidad ambiental encargada de tratar este tipo de situaciones, destacando que "tanto en sede administrativa como jurisdiccional, los recurrentes han ejercido efectivamente los mecanismos previstos por la legislación". Por ello, resolvió que "no habiendo antecedentes que permitan establecer la existencia de derechos indubitados (en duda) y de las ilegalidades denunciadas, se procederá al rechazo de la misma".
El proyecto, aprobado en 2013 con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), comenzó su ejecución recién en febrero de 2024, una década después. Los vecinos afirmaron que los cambios realizados, como el aumento en la extensión del trazado y el uso de explosivos, no fueron evaluados adecuadamente, afectando su bienestar, el entorno natural y su calidad de vida.
En la sentencia se citó un informe de la concesionaria, que defendió su actuar argumentando que las tronaduras y otras medidas "fueron oportunamente previstas" y que las acciones de mitigación "se han implementado adecuadamente". Asimismo, aseguró que las pantallas acústicas fueron instaladas con consentimiento y que cualquier daño fue reparado.
Aunque el fallo no favoreció a los demandantes, sí desestimó la excepción de falta de legitimidad pasiva planteada por el MOP. Esto significa que, pese a que el ministerio argumentó no ser responsable directo de los hechos porque la obra está concesionada a la Sociedad Concesionaria Ruta de la Fruta S.A., el tribunal concluyó que el MOP sigue siendo el titular del proyecto y no puede desvincularse completamente de las acciones legales asociadas.
Con esta resolución, las obras continuarán, mientras los vecinos evalúan nuevas alternativas legales para proteger sus derechos. "Como comunidad estamos a la espera de las acciones a proponer por el equipo de abogados. Creemos que lo mejor es tratar de ocupar todas las herramientas que están a nuestro alcance con el fin de evitar que los parceleros de la comunidad sean afectados", expresó el vocero de los vecino José Miguel Morales a diario El Líder de San Antonio.
