Durante los años 90 del siglo pasado, un conjunto de reformas constitucionales y legales dieron al régimen municipal chileno una nueva fisonomía. Destacan, como buenos cambios, la introducción de la elección popular de sus autoridades y el incremento de los recursos administrados en el nivel comunal. Desde ahí en adelante los municipios ocupan un lugar que no habían tenido en toda la historia patria.

No obtante, entre muchas cuestiones, entiendo que hay dos aspectos que merecen comentarse.

El primero es el de la democracia participativa en el nivel comunal. La reforma constitucional de 1997 sumó a los plebiscitos la posibilidad de celebrar "consultas no vinculantes", las que siguen vigentes en el artículo 118 de la Constitución. Los plebiscitos comunales, a su vez, habían sido incorporados a la Constitución en la reforma de 1989, a propuesta del ministro Carlos Cáceres en representación del Gobierno.

La Ley 19.602, de marzo de 1999, reguló estas consultas no vinculantes, pero de un modo no armónico con la Constitución, por lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo que contenía dicha regulación. El asunto sería una anécdota si no fuese porque veinte años después de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso todavía no ha regulado las consultas no vinculantes, lo que podría hacer mediante una norma que se haga cargo de los reproches de constitucionalidad del TC o, si prefiere, reformando la Constitución en este punto. De ahí que los alcaldes, obviamente, se sientan autorizados para organizar, como actos democráticos consultas ciudadanas que carecen de las mínimas garantías para asegurar que sus resultados son la genuina expresión de los vecinos. Sin consultas no vinculantes regladas en la ley, el ordenamiento jurídico sólo ofrece un costoso y acotado plebiscito vinculante, que poco y nada se ha utilizado en más de veinte años de vigencia de la norma. Esta omisión habla de la importancia que tiene la democracia para el Congreso.

Por último, la labor del concejo como órgano fiscalizador del alcalde debe ser examinada a la luz de la realidad de los cientos de comunas que carecen de un cuerpo de funcionarios estable y razonablemente remunerado. Si la política no ofrece garantías de contrapeso, ha de ser el derecho y órganos técnicos externos los que asuman esta función de control, esencial para la democracia y su legitimidad.

Alan Bronfman Vargas

Profesor de Derecho Constitucional

En abril de 2015, la Presidenta Bachelet dio a conocer las conclusiones del informe encargado al Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción junto con el anuncio de un proceso constituyente. Desde aquellos días, las ideas de corrupción y de cambio constitucional fueron creciendo hasta que hoy pueden danzar unidas alrededor del fuego de las barricadas.

El informe de esta "Comisión Engel" detalló medidas contra la corrupción, las primeras de las cuales tocaban el ámbito municipal, que las encuestas mostraban como un espacio de corrupción más extenso que el de las instituciones centralizadas.

Ninguna de las diversas propuestas requería cambio constitucional, pues bastaba con remitirlas al principio de probidad consagrado en el Artículo 8 de la Constitución, cuyo actual tenor debiera conservarse en una eventual nueva Carta. Con este fin, tampoco cabría introducir, a nivel constitucional, cambios sustantivos en materia de administración comunal (artículos 118 a 122), cuya regulación está entregada principalmente a la ley.

La propuesta más política en el orden municipal precisa la necesidad de "hacer efectiva la participación ciudadana como política de control social". A cinco años del informe, el nuevo contexto nacional permite otorgarle la importancia que merece: la corrupción -también la pródiga corrupción local- posee una dimensión política que exige la participación ciudadana como antídoto eficaz.

El Artículo 36 de la Constitución argentina prescribe: "Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento (…)". Declara, además: "Las acciones respectivas serán imprescriptibles". Sobre tales bases, la Cámara Federal de Casación Penal tuvo la ocasión de permitir hace dos años la investigación de un caso de corrupción ocurrido durante el Gobierno del Presidente Menem, declarado prescrito por un tribunal inferior.

"La corrupción mata", decía un alto funcionario de Naciones Unidas que ligaba este fenómeno con la violación de los derechos humanos, y en la misma línea se han pronunciado tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque la imprescriptibilidad no es un buen mecanismo, la experiencia argentina y los lineamientos de los tribunales internacionales deberían impulsar regulaciones que en Chile hagan que su impunidad sea impensable, también a nivel municipal.

Ricardo Salas Venegas

Doctor en Derecho

Profesor Escuela de Derecho

Universidad de Valparaíso